28 de octubre de 2019
Ponente: Manuel Campos Sánchez-Bordona, Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Moderador: Joaquín Huelin, Socio, Cuatrecasas. Miembro del Consejo Académico de Fide
Resumen:
La actividad jurisdiccional del TJUE se ha desplegado mayoritariamente, durante 2018 y en el curso de 2019, en los ámbitos de enjuiciamiento que podrían calificarse como “ordinarios”: las libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales; el control de las fronteras, el asilo y la inmigración; la cooperación judicial en materia civil y penal; la defensa de la competencia; los derechos de propiedad intelectual e industrial; la protección de los datos personales; los contratos del sector público; los transportes; la tributación indirecta (IVA); la protección social; los derechos de los consumidores o el medio ambiente.
Surgen, sin embargo, nuevos desarrollos jurisprudenciales en materias que, hasta hace pocos años, apenas tenían acceso al TJUE. Entre ellas destacan, por ejemplo, las que conciernen a la retirada de un Estado miembro (asunto C-621/18, de indudable relevancia institucional); a la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a las relaciones entre los particulares (asunto C569/16); a la política monetaria o a la unión bancaria (asunto C-219/17).
Desde otra perspectiva, algunas resoluciones del TJUE sobre la aplicación del derecho nacional han optado por soluciones antes difícilmente imaginables, como la anulación directa de una decisión adoptada por las autoridades nacionales (asuntos C-202/18 y C-238/18) o la medida cautelar, dirigida a un Estado miembro, para que suspenda la aplicación de sus normas internas en materia de organización judicial (asunto C-619/18).
Parece oportuno, ante esta situación, pasar revista y hacer una reflexión conjunta sobre el rumbo que está tomando la jurisprudencia del TJUE en estos últimos años.
