En el documento señalan, entre otras cuestiones las siguientes:

1. El sistema de organización territorial de nuestra Constitución, sin perjuicio de la vigencia de sus principios generales, es susceptible de mejora en el sentido de alcanzar un mejor equilibrio entre los principios de unidad y autonomía, y a la vez conseguir que sea más eficiente y austero en términos de gobernanza de lo público.
2. El sistema de atribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas debe simplificarse de tal forma que las atribuciones de competencias sean más claras y se cierren posibilidades de modificaciones posteriores. Ello exigiría la modificación de los arts. 149.3, 147, 148 y 150 fundamentalmente.
3. En este nuevo marco general que se propone, de cierre del sistema de atribución de competencias, es necesario profundizar también en la cuestión de qué competencias deben atribuirse a las Comunidades Autónomas y cuáles a las instituciones generales del Estado, abriendo la posibilidad de modificaciones (en ambas direcciones) en las actualmente atribuidas.
4. La Constitución debería permitir que la planta provincial se adecúe a la existencia de las Comunidades Autónomas, lo que debe llevar a flexibilizar la condición de la provincia como demarcación obligatoria en todas las Comunidades Autónomas, circunscripción electoral obligada y demarcación de la actividad estatal.
5. Deben constitucionalizarse las bases del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. El Estado debe asegurar una financiación común de la prestación de los servicios públicos fundamentales compatible con un segundo nivel de gasto en el que se garantice la plena autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Los fondos destinados a corregir los desequilibrios económicos deben abarcar a todas las Comunidades Autónomas y ser gestionados de forma más transparente y objetiva, principios que deben aplicarse también al sistema de fijación de los cupos vasco y navarro. La Constitución debe evitar que las Comunidades Autónomas que aporten recursos en términos netos al sistema terminen con menos capacidad financiera por habitante que las Comunidades receptoras.
6. Debe reformarse el papel del Senado, para que sea una institución que realice verdaderamente funciones de integración territorial, modificando íntegramente su estructura y funcionamiento. El modelo que se propone seguir a estos efectos sería el del Consejo de la Unión Europea o el Bundesrat alemán, de tal manera que el Senado se formaría con delegados de los Gobiernos Autonómicos que actuarían con ponderación de votos. Sus funciones deberían reforzarse, específicamente en materias en las que la ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas.
7. En paralelo, el Congreso de los Diputados debe garantizarse que sea una cámara de representación de los intereses generales, lo que exigiría la reforma del sistema electoral en términos que merecen una reflexión más detallada en un momento posterior.
8. Por último, deben introducirse nuevos instrumentos de cooperación y colaboración entre el Estado central y las Comunidades Autónomas modificando artículos tales como el 137, 145 o 153 de la Constitución.