La sesión tuvo por objeto el análisis y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, n.º 1686/2025, de 18 de diciembre de 2025 (recurso n.º 7577/2022) que contiene un pronunciamiento de gran relevancia en relación con los contratos patrimoniales de la Administración y el régimen jurídico al que deben someterse, tanto para su preparación y adjudicación como para sus efectos y extinción.

La conversación entre Cani Fernández y Antonio Guerra permitió repasar algunos de los principales retos institucionales, regulatorios y económicos afrontados por la CNMC desde junio de 2020.

Pese a las incertidumbres y riesgos jurídicos que presentan, los LMEs constituyen ya una realidad consolidada en los mercados internacionales y acabarán integrándose de forma progresiva en el mercado español.

La sesión se centró enanalizar el impacto del valor de referencia introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio, en el marco de la histórica litigiosidad que ha rodeado la valoración inmobiliaria y la dificultad de fijar un «valor» —concepto jurídico indeterminado—como una magnitud precisa.

Desde una perspectiva económica, se cuestionó la justificación de la intervención regulatoria, señalándose la dificultad de identificar con precisión los fallos de mercado, las posiciones de dominio y los remedios adecuados en un sector tan dinámico y heterogéneo como el del transporte multimodal digital.

Su mayor aportación de valor se produce aún en las fases menos complejas a nivel técnico-jurídico del trabajo del abogado, así como en procesos tediosos de poco valor añadido, pero necesarios en la práctica del Derecho.

Se indicó que la UE avanza hacia un entorno con mayores restricciones comerciales, con instrumentos que permiten limitar la participación de terceros países en contrataciones públicas o responder a intentos de coerción económica.