La pandemia global ocasionada por el coronavirus ha obligado a los gobiernos a adoptar una serie de medidas extraordinarias para gestionar la grave crisis sanitaria a la que se enfrentan los países. Dichas medidas han consistido por lo general en el confinamiento de la población para intentar reducir la tasa de contagios y no colapsar las infraestructuras sanitarias, así como en restringir drásticamente todas aquellas actividades consideradas como no esenciales.

Asistimos a una situación sin precedentes cuyas consecuencias sociales, económicas y jurídicas nos van a acompañar durante mucho tiempo.

La fuerte contracción de la demanda obligada por las circunstancias está incidiendo seriamente en la capacidad de muchas empresas de cumplir con sus obligaciones, colocándolas ante la imposibilidad de seguir respetando sus contratos o ante la necesidad de modificarlos o suspender su ejecución temporalmente, mientras se mantenga la situación excepcional que vivimos.

Tanto los órganos de gobierno de la judicatura como los despachos de abogados están preparándose para la avalancha de demandas relativas a contratos afectados por las medidas adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria que se anuncian en el horizonte.