Es un hecho que los avances científicos y tecnológicos van muy por delante de la codificación legal que debe amparar y regular su desarrollo, de forma que se pueda garantizar un progreso social y económico con las menores desigualdades y distorsiones posibles. En cada tiempo histórico el estamento jurídico ha tenido y ha sabido asumir las realidades y los retos de la época que le ha tocado vivir, y tendrá que volver a hacerlo ahora. No se trata ciertamente de intentar dirigir, controlar o limitar los avances científicos –tarea absolutamente imposible- pero sí de conocer más de cerca y más a fondo tanto su desarrollo actual como el potencial. Hay que corregir ese déficit que afecta en su conjunto a nuestro mundo, a nivel académico, judicial y profesional.