
El pasado 14 de octubre de 2026, FIDE organizó, en el marco de las Sesiones de Directivas, la primera dedicada a “La propuesta de refundición de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC Recast)”; que contó con la participación de Ana Arce, Inspectora de Hacienda del Estado, y de Abelardo Delgado Pacheco, Of counsel en Garrigues y bajo la moderación de Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Consejero Académico de Fide.

El objetivo de la sesión era abordar la propuesta de refundición de la Directiva sobre Cooperación Administrativa en el ámbito de la fiscalidad (en adelante, “DAC recast”), una de las cuestiones de mayor interés actual en el ámbito de la fiscalidad de la Unión Europea. La iniciativa pretende sistematizar en un único instrumento normativo la directiva originaria y sus ocho modificaciones posteriores, corrigiendo la complejidad del régimen de intercambio de información tributaria. Para ello propone unificar, simplificar y modernizar los mecanismos empleados sin menoscabar la eficacia de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.



Evaluación de la Directiva de Cooperación Administrativa
Los ponentes iniciaron su intervención refiriéndose al contexto y evolución de la Directiva de Cooperación Administrativa para poder analizar el propósito de comprender el porqué de la refundición y modificación. Para ello, se hizo un análisis nacional e internacional de la situación. Desde la perspectiva nacional se indicó que las modificaciones pretenden incluir elementos esenciales para mejorar los intercambios de información. Cuestión de especial interés para la Administración ya que la información recibida se emplea para mejorar la asistencia a los contribuyentes, elaborar los planes estratégicos de la Agencia Tributaria y reducir el riesgo fiscal. Todo ello en el marco del cumplimiento de sus deberes y obligaciones de asistencia y control tributario. Desde la perspectiva internacional, las modificaciones están orientadas a elaborar un marco jurídico alineado con los objetivos de la OCDE y mantener el intercambio automático entre las jurisdicciones involucradas. Por ello, en términos generales, las propuestas de la DAC Recast giran en torno al aumento de la seguridad jurídica tras la refundición de los textos normativos, la optimización del uso de la información por las Administraciones y la reducción de las cargas administrativas.
Una vez expuesto el propósito de la reforma, se analizaron las conclusiones derivadas de la evaluación de la DAC desde su entrada en vigor. De las cuales se desprende que durante estos años se ha logrado construir un marco legal robusto en el entorno de la cooperación administrativa y un sistema de intercambio de información automático efectivo. A pesar de lo anterior, resulta imprescindible seguir impulsando propuestas encaminadas a reducir las cargas administrativas impuestas a las empresas privadas y mejorar los recursos de las Administraciones Tributarias para hacer un uso efectivo de la información y optimizar los beneficios otorgados por la DAC, de ahí el necesario impulso de la DAC Recast.
Posteriormente, se comentaron por los ponentes algunos de los puntos más relevantes de las Directivas objeto de revisión por la DAC Recast y, en particular, los siguientes:
DAC 6 y el secreto profesional
En relación con la Directiva (UE) 2018/822 (en adelante “DAC 6”), se realizó una síntesis de la Directiva con especial referencia al secreto profesional. El origen de la DAC 6 se encuentra en la Acción 12 del Plan BEPS, en la que se introdujo la recomendación a los Estados de establecer un régimen de declaración obligatoria de los esquemas de planificación fiscal agresiva, basado en la detección de operaciones mediante las señas distintivas. En la intervención se mencionaron los conceptos más relevantes de la DAC 6 que guardan relación con la refundición. Se destacó la amplitud del deber de comunicación ya que el ámbito de aplicación subjetiva de la norma abarca tanto al contribuyente como a los intermediarios, lo cual supuso uno de los primeros problemas. También se hizo referencia a que es un mecanismo transfronterizo y que se caracteriza por el uso de las señas distintivas como criterio de comunicación regulado en el Anexo IV de la Directiva en el que se agrupan por categorías. Lo que en nuestro ordenamiento jurídico se trasladó a la Disposición adicional vigésima tercera y vigésimo cuarta de la Ley General Tributaria. Actualmente, las medidas generales de la DAC Recast sobre la DAC 6 son la exclusión del deber de comunicación a las entidades sujetas al Pilar 2, la ampliación del plazo para la presentación de la comunicación del mecanismo transfronterizo y la supresión de algunas categorías de señas distintivas.
Expuesto lo anterior, se profundizó en las modificaciones de la Directiva y su correspondiente transposición al Derecho interno, en relación con el secreto profesional al hilo de varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (en adelante “TJUE”). En este sentido, si bien es cierto que, desde un principio la DAC 6 en sus apartados 5 y 6 del artículo 8 bis ter recogían que los Estados podían eximir de la comunicación al intermediario cuando ello afectase al secreto profesional, la realidad fue que previo al pronunciamiento del TJUE en Sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto C-694/20), existía la discrepancia acerca de la validez de la DAC 6 cuando la notificación del intermediario afecta a un abogado.
El TJUE en la Sentencia de 8 de diciembre de 2022 concluyó que la obligación de la DAC era inválida a la luz del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que, aunque se reconociera el secreto profesional, se les imponía la obligación de comunicar a otros intermediarios esa dispensa por su secreto. Esto podía suponer que esos otros intermediarios o el propio cliente debieran comunicar ciertas operaciones transfronterizas que suponían, en la regulación de la directiva, un riesgo de elusión fiscal. En esta ocasión, el Tribunal entendió que el secreto profesional de los abogados tenía como fundamento el derecho a la intimidad de sus clientes que confiaban en la confidencialidad de sus comunicaciones recíprocas. Fundamentación que planteó la incógnita de que, si el derecho fundamental que se estaba protegiendo es una concreción del derecho a la intimidad y el respeto a la vida privada, y no solo una consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva, entonces la protección a las comunicaciones no solo debería restringirse a la profesión de los abogados sino a cualquier profesional que preste servicios de asesoramiento de naturaleza análoga a los prestados por un abogado.
No obstante, en la Sentencia de 29 de julio de 2024 (asunto C-623/22) el Tribunal introduce una concreción con respecto al pronunciamiento de 2022, ya que expone que la comunicación impuesta por la DAC es inválida sólo para los abogados y no para el resto de profesionales. Doctrina que se mantiene en el pronunciamiento de 26 de septiembre de 2024, en el que de nuevo trata el secreto profesional como consecuencia del debido respeto a la vida privada, que solo se produce en el caso de los abogados y no del resto de profesionales, aunque sí en relación con los servicios del abogado en el asesoramiento jurídico y no solo en la defensa del cliente en relación con un proceso.
Por todo lo expuesto anteriormente, la solución que plantea la DAC Recast es acoger la jurisprudencia del TJUE y dejar fuera de su propuesta a otros profesionales que no sean abogados. Con lo que se eximirá únicamente a los profesionales incluidos en la Directiva 98/5/CE que en su mayoría son abogados. Lo que provoca tres escenarios diferentes: por una parte, que los abogados y profesionales de la Directiva 98/5/CE no tienen que comunicar y sólo deben notificar a sus clientes, otra situación es que lo otros profesionales autorizados para actuar como representantes deben notificar a otros intermediarios y por último que los otros profesionales quedan fuera de la exoneración aunque materialmente presten servicios idénticos al asesoramiento.
Reducción de cargas administrativas, optimización de la información y unificación de criterios
Por otra parte, la Directiva 2021/514 (en adelante “DAC 7”) estableció la obligación de comunicar a las Administraciones Tributarias los ingresos y datos recopilados por las plataformas digitales en relación con los bienes y servicios prestados a través de ellas. El objetivo principal de la Directiva es evitar la evasión y el fraude fiscal en la economía digital y en las plataformas, así como facilitar el intercambio automático entre los Estados. No obstante, con el propósito de reducir las cargas administrativas la DAC Recast pretende eliminar el umbral mínimo de operaciones de 30 ventas y elevar el umbral monetario de 2.000 a 3.000 euros, con el fin de reducir el volumen de datos generados por transacciones con un escaso valor para la Administración que pretende optimizar los datos que recibe.
Por otra parte, los cambios de la DAC Recast sobre la Directiva (UE) 2016/881 (en adelante, “DAC 4”) y la Directiva (UE) 2025/872 (en adelante “DAC 9”), giran en torno a la agilización de obligaciones de notificación. En términos generales, se pretende implementar un sistema mediante el cual los grupos multinacionales puedan presentar una única comunicación armonizada a nivel de grupo que evite duplicidades en relación con la identificación de las entidades obligadas a presentar los informes de País por País y las declaraciones informativas por el Impuesto Complementario.
Por último, sobre la Directiva (UE) 2011/16 (en adelante, “DAC 1”), la propuesta pretende ampliar el alcance de información disponible. Para ello, incluye la obligación de intercambiar información sobre otros datos anteriormente no previstos, como la titularidad real de los bienes inmuebles. Así como, ampliar el ámbito de recopilación de datos y que no solo sean proveedoras las Administraciones Tributarias sino las Administraciones Públicas en su conjunto.
Preocupaciones en cuanto a la privacidad, protección de los datos personales y cumplimiento entre los Estados
Durante la sesión se pusieron de manifiesto algunas de las preocupaciones que giran en torno a la cooperación entre las Administraciones. Entre las que destacan el grado de cumplimiento de las obligaciones de información por parte de los Estados. En relación con esta inquietud, se considera que la tendencia general es el cumplimiento en cuanto al suministro, lo que se cuestiona y empeora el resultado es la calidad de la información transmitida. No obstante, se apuntó que en la mayoría de ocasiones, no se debe a la falta de diligencia en el cumplimiento de la obligación sino en la escasez de medios y recursos de los Estados. Situación que se comparó con el funcionamiento de nuestra Administración Tributaria que a diferencia de otros Estados cuenta con más equipos y con más medio de organización con los que diversificar las tareas y facilitar la labor de suministro. Por ello, se destacó el papel de los informes y evaluaciones en cuanto al cumplimiento del suministro entre los Estados.
Por otra parte, también se planearon los riesgos y la preocupación que puede suscitar la facilitación de toda la información a terceros estados con jurisdicciones y ordenamientos jurídicos distintos. Se destacó la importancia de la seguridad en la transmisión, las comprobaciones previas de las situaciones de los receptores de los datos, la estabilidad en la red de comunicación y se recordó la importante de proteger determinados datos personales, de orientar todas estas herramientas a lo debe ser su única finalidad que es mejorar el sistema tributario y la aplicación de los tributos, por lo que el suministro debe ser única y exclusivamente con fines fiscales.
Asimismo, se incidió en las diferencias lingüísticas entre los Estados y las complejidades en la adaptación de las normas, ya que este es una de las principales dificultades a la que se enfrentan los Estados a la hora de adaptar las indicaciones. En cuestiones más abstractas e indeterminadas el uso de la lengua resulta fundamental para incidir en la importancia de determinados aspectos. Se apuntó, en fin, que la interpretación en ocasiones se realiza desde una perspectiva política basada en los criterios e importancia que cada Estado otorga a estas obligaciones de cooperación. Lo que tiene como consecuencia la obtención de resultados desiguales en cuanto a las exigencias de suministro.
Conclusiones
Durante la sesión se realizó un excelente análisis de la DAC Recast, para lo que se usó una metodología basada en la evaluación de las cuestiones que se han implementado a lo largo de estos años en cuanto a la cooperación administrativa y los riesgos que aún existen en el entorno internacional. Con la finalidad de hacer una comparación entre las normas que se han ido aprobando y las modificaciones que se quieren implementar en nuestro ordenamiento jurídico.
Se pusieron de manifiesto igualmente las preocupaciones que siguen existiendo en torno a la privacidad y protección de los datos que se comparten entre jurisdicciones, con lo que se expuso el deber de respetar los principios de nuestro ordenamiento.
En términos generales, podría decirse que en el panorama fiscal de la Unión Europea hay un gran interés en seguir mejorando las estructuras de cooperación, pero también en simplificar las obligaciones para las empresas y la optimización de los recursos.
El Ciclo de sesiones – Directivas está dirigido por Miguel Cruz Amorós, Abogado, exdirector General de Tributos, Consejero de JAJ & Asociados. Consejero Académico de Fide; Santos de Gandarillas Martos, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Consejero Académico de Fide; y Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Consejero Académico de Fide.
Otras sesiones del Ciclo de sesiones: La propuesta de Directiva Tax Omnibus (simplificación administrativa)
Resumen elaborado para Fide por: Cristina Descalzo Jiménez, Universidad Carlos III de Madrid, Área de Derecho Financiero y Tributario





