
El pasado 27 de octubre FIDE organizó la segunda sesión del Ciclo de Sesiones Directivas “La propuesta de Directiva Tax Omnibus (simplificación administrativa)”. La sesión contó con la participación de Elena Luisa de Casso Castillo, Directora en Asesoría Fiscal del Banco Santander y Silvia López Ribas, Inspectora de Hacienda del Estado y Jefa de Equipo Fiscalidad Internacional en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la AEAT. Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Miembro del Consejo Académico de Fide, moderó la sesión.

La finalidad de la sesión era conocer las novedades que reúne el paquete de simplificación fiscal (Tax Omnibus 2026), el cual no introduce nuevos impuestos, sino que pretende racionalizar y armonizar el marco normativo existente en materia de imposición directa. La Unión Europea en el cumplimiento de su estrategia de favorecer la competitividad, promover la inversión y optimizar el funcionamiento del mercado único plantea esta iniciativa orientada a simplificar la normativa para reducir la carga administrativa y el coste de cumplimiento para las empresas que operan en el territorio.
La propuesta comprende la revisión y modificación de varias directivas, en concreto: de la Directiva (UE) 2016/1164 contra la elusión fiscal (ATAD); la Directiva 2011/96/UE del Consejo, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (en adelante, “Directiva matriz-filial”); La Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (en adelante “Directiva sobre intereses y cánones”); La Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros, (en adelante, “Directiva sobre fusiones”); y la Directiva (UE) 2017/1852, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales. Directivas que durante la exposición se fueron comentando y analizando.
Como introducción a los temas previstos para la sesión se apuntó una cuestión importante y que marca parte del enfoque interpretativo que se tiene sobre este paquete: el calendario previsto por la Unión Europea. Nos encontramos ante una iniciativa que para el 1 de enero de 2029 debe haber sido transpuesta por los Estados miembros. A pesar de ello, el calendario sigue contemplando dos fechas importantes: 2032 y 2037, ya que no será hasta 2032 cuando sea obligatorio aplicar la reforma de limitación de la deducibilidad de intereses, ni hasta 2037 cuando se hagan efectivas varias medidas relativas a la Directiva matriz-filial e intereses y cánones cómo se expondrán posteriormente. Por lo que la implantación tendrá lugar de forma escalonada.



Este fue uno de los puntos comentados a lo largo de la sesión. En particular, resulta llamativo que una norma cuya entrada en vigor está prevista para dentro de dos años no vaya a completar su aplicación hasta dentro de una década. Este amplio margen temporal suscita dudas acerca de la interpretación que se debe dar a una norma tras un periodo de tiempo tan amplio, especialmente teniendo en cuenta los posibles cambios derivados de la inestabilidad política, económica y social que puede afectar a los Estados miembros durante este periodo. En línea con lo expuesto, se dio paso a repasar los plazos que la Unión Europea había empleado en lograr acuerdos en normas de naturaleza similar. Pudiendo destacar la rapidez con la que se adoptaron las directivas antielusión fiscal ATAD I y ATAD II, ya que estas tuvieron un proceso de aprobación extraordinariamente rápido al ser aprobadas en un plazo inferior al año. Esto se debió, en parte, a que estos temas ya habían sido analizados en el proyecto de BEPS de la OCDE, lo cual refleja que los tiempos son fruto de un conjunto de circunstancias que influyen en el consenso político y económico de los Estados Miembros en cada momento. Como se expondrá a continuación los plazos legislativos de Tax Omnibus también encuentran su justificación, no solo en su debida tramitación y procedimiento concreto, sino en que determinadas medidas incluidas en la propuesta de directiva tienen impacto recaudatorio para los estados, lo cual puede alterar la sostenibilidad financiera. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que en esta nueva propuesta elimina algunas de las opcionalidades incorporadas en ATAD lo cual constituye un cambio relevante respecto del contexto en el que se aprobó dicha directiva.
Continuando con la configuración de la iniciativa, en la exposición se destacó la arquitectura institucional en la que se está desarrollando el debate de la propuesta . El Grupo Antici sobre Simplificación que forma parte del Consejo de la Unión Europea es el encargado de la tramitación del paquete regulatorio y está integrado por representantes permanentes de cada Estado miembro y un especialista de las normas que se tratan, lo que se diferencia de otras tramitaciones de proyectos tributarios negociados, habitualmente, en el grupo de cuestiones de fiscalidad directa
Previo al análisis de cada una de las Directivas objeto de modificación por la Tax Omnibus se expuso el contexto en el que se enmarca el desarrollo de la iniciativa, con el propósito de comprender los cambios que recoge el paquete. Teniendo que destacar la evolución de la propuesta, ya que, en un principio no se mencionó la idea de la competitividad y el enfoque estaba puesto únicamente en la simplificación. Sin embargo, con la publicación del Informe Draghi se amplió el enfoque que condiciona la adaptación de las normas, pues no estamos ante una mera facilitación de las obligaciones o estructuras, sino que se pretende implementar una estrategia que favorezca la competencia y desarrollo económico entre los estados de un mercado único. Se indicó asimismo que la modificación se realiza basándose en los puntos débiles detectados en las Directivas como son los problemas interpretativos, la competitividad con otros estados y el solapamiento y contradicción entre algunas normas y, en fin, con la idea de poder encontrar un consenso sobre estos puntos más conflictivos.
Expuesto lo anterior, se procedió a comentar los elementos más relevantes de las Directivas.
En materia de matriz- filial, uno de los puntos a destacar es la eliminación del 10% como requisito de posesión de la sociedad matriz sobre la filial, lo que supone la apertura a que más sociedades puedan beneficiarse del régimen de exención de dividendos y distribuciones de beneficios y, en consecuencia, la desnaturalización del concepto de dependencia entre sociedades para otorgar el beneficio. Además, la propuesta también elimina el periodo mínimo de tenencia de dos años, por lo que la duración de la participación ya no es necesaria. No obstante, la modificación sobre el artículo 3 de la Directiva no elimina el resto de requisitos como son los criterios subjetivos, la sujeción a impuestos equivalentes y la residencia fiscal en Estados miembros. La justificación de la propuesta es que con este cambio se reduce la complejidad del régimen y se favorece la financiación transfronteriza dentro del mercado interior.
Sobre esta cuestión se abrió el debate acerca de una materia que no se plantea en Tax Omnibus pero que en el sector suscita gran interés. La tributación fija del 5% que establece la norma y sobre la que hay una disformidad. Se mencionaron algunas de las propuestas que se han ido haciendo al respecto como: la justificación de un porcentaje inferior o la remisión al derecho comparado europeo, por el caso de Francia con un modelo más flexible que reduce los costes de gestión al 1%, cuestiones que en esta propuesta se dejan de lado.
Durante la exposición se comentó la relación que existe entre la Directivas matriz- filial y FASTER como consecuencia de Tax Omnibus, ya que la propuesta pretende coordinar las exenciones con la rápida devolución. Como herramienta en línea con el propósito de agilizar y dar mayor seguridad jurídica en los procedimientos.
De forma similar a como se expuso para la Directiva matriz- filial la Directiva de intereses y cánones también elimina los actuales requisitos de participación mínima (25%) y de periodo mínimo de tenencia (2 años), con el propósito de facilitar la exención en el pago de intereses y cánones entre sociedades establecidas en la Unión Europea.
No obstante, se apuntó que la propuesta conserva el requisito de beneficiario efectivo y se precisa que la Directiva resulta aplicable a los pagos que constituyan un gasto relacionado con la actividad desarrollada por un establecimiento permanente, con independencia de que dicho gasto sea fiscalmente deducible en el Estado miembro en el que esté situado dicho establecimiento. En relación con el beneficiario efectivo, durante la sesión se trajo a colación la doctrina de los “casos daneses” y su repercusión en España, con lo que se apuntó que la nueva doctrina aumenta el peso de la carga probatoria en cuanto a la consideración de beneficiario efectivo.
En este punto se comentó la estrecha relación de la Directiva de intereses y cánones con el nuevo régimen de tributación mínima establecido por el Pilar Dos. La propuesta introduce una cláusula salvaguardia destinada a garantizar que no se produce una desimposición. De forma que, cuando los pagos se realizan a una entidad residente en un tercer estado en el que no exista Impuesto sobre Sociedades o queden sujetos a un tipo nominal del 0%, el Estado de origen deberá establecer una retención sobre el pago o negar su deducibilidad. Salvo que el perceptor del pago esté sujeto a un impuesto complementario nacional cualificado (QDMTT) o esté comprendida en el ámbito de aplicación del Pilar Dos, destacando por tanto el valor del QDMTT y la coordinación con el Pilar Dos.
En materia de ATAD se comentaron algunas modificaciones sobre las normas de limitación de la deducibilidad de los gastos financieros netos. La propuesta hace obligatorios el porcentaje de deducibilidad equivalente al 30% del EBITDA fiscal y el umbral de minimis de tres millones de euros. Asimismo, se restringe el ámbito de financiación obtenida por terceros y se incorpora otra medida para organizar y simplificar el entendimiento entre estados: armonizar el mecanismo de arrastre hacia años futuros de los gastos financieros netos que no deducidos.
Tras el repaso de los elementos más importante de las Directivas, en la sesión se indicó que el propósito de esta estrategia es mejorar las condiciones de inversión en los Estados miembros a través de la eliminación de los porcentajes de participación, consolidar la exportación del mercado interior, reducir los obstáculos fiscales que dificultan la financiación e inversiones transfronterizas, mejorar la competitividad, favorecer el entendimiento, resolver controversias interpretativas y evitar el solapamiento normativo. Aunque para todo ello se requiera un esfuerzo por parte de los Estados miembros para favorecer el diálogo y el entendimiento con respecto a determinadas cuestiones como la imposición a gravamen suficiente o la coordinación con el Pilar Dos.
El Ciclo de sesiones – Directivas está dirigido por Miguel Cruz Amorós, Abogado, exdirector General de Tributos, Consejero de JAJ & Asociados. Consejero Académico de Fide; Santos de Gandarillas Martos, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Consejero Académico de Fide; y Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Consejero Académico de Fide.
Otras sesiones del Ciclo de sesiones: La propuesta de refundición de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC Recast)
Resumen elaborado para Fide por: Cristina Descalzo Jiménez, Universidad Carlos III de Madrid, Área de Derecho Financiero y Tributario





