Con motivo del Cierre del Curso Académico de Fide 2025-2026, Fide celebró una sesión del Foro Derecho y Unión Europea dedicada a analizar el papel del Derecho europeo en un momento de transformación profunda de la Unión.
La sesión contó con la intervención de Alberto De Gregorio, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, y fue moderada por Sonsoles Centeno Huerta, socia de Derecho de la Unión Europea en Pérez-Llorca, consejera académica de Fide y codirectora del Foro Derecho y Unión Europea.
Bajo el título “El derecho europeo en el momento de la independencia de la UE”, la conversación partió de una idea central: la Unión Europea atraviesa una etapa en la que debe reforzar su capacidad de actuación en ámbitos decisivos —defensa, competitividad, ampliación, Estado de Derecho, seguridad económica o soberanía tecnológica— sin dejar de ser una comunidad basada en normas, tratados y garantías jurídicas.
La sesión permitió poner en valor la función del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, una institución que actúa de forma discreta pero estratégica en el funcionamiento cotidiano de la Unión. Su papel no se limita a verificar la legalidad de las propuestas normativas o a defender a la Comisión ante los tribunales. También contribuye, desde el conocimiento profundo de los Tratados y del ordenamiento europeo, a construir soluciones jurídicas posibles en contextos políticos, económicos y geopolíticos cada vez más complejos.
En este sentido, Alberto De Gregorio situó la reflexión en torno a varios grandes vectores de transformación de la Unión Europea. El primero de ellos fue la defensa. La invasión de Ucrania, el cambio en las relaciones transatlánticas y la necesidad de reforzar la capacidad europea en materia de seguridad han obligado a la Unión a desarrollar instrumentos nuevos, en ocasiones jurídicamente audaces, para responder a desafíos que hasta hace pocos años parecían situarse en los márgenes de sus competencias tradicionales.
La conversación abordó también el reto de la competitividad. A la luz de los informes Draghi y Letta, se analizó la necesidad de reforzar el mercado interior, reducir barreras internas, mejorar la productividad europea y recuperar capacidad industrial y tecnológica. La competitividad aparece así no solo como una cuestión económica, sino como una dimensión esencial de la autonomía europea. Una Unión que no sea competitiva tendrá más dificultades para sostener su modelo social, su capacidad regulatoria y su influencia global.
Otro de los ejes tratados fue la simplificación normativa. En los últimos años, la Unión ha impulsado un amplio proceso de revisión y simplificación regulatoria, con distintos paquetes legislativos orientados a reducir cargas, mejorar la aplicación de las normas y hacer más eficaz el funcionamiento del mercado interior. La sesión permitió plantear una cuestión de fondo: simplificar no significa necesariamente desregular, sino construir un marco jurídico más claro, coherente y operativo.
La sesión también permitió reflexionar sobre la llamada soberanía tecnológica y la seguridad económica. Estos conceptos, cada vez más presentes en el debate europeo, plantean preguntas jurídicas de gran calado: cómo proteger intereses estratégicos sin fragmentar el mercado interior; cómo evitar que el orden público o el interés nacional se utilicen para debilitar la integración europea; y cómo equilibrar autonomía, apertura, competencia y respeto a los Tratados.
Un tercer gran bloque de la conversación fue la ampliación de la Unión Europea, presentada como una forma de reunificación europea. La posible incorporación de nuevos Estados miembros, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y de la nueva realidad geopolítica, obliga a repensar la capacidad institucional de la Unión. La sesión planteó interrogantes importantes sobre la toma de decisiones, el uso de la unanimidad, la eficacia de los procedimientos y la posibilidad de que una Unión ampliada funcione con las herramientas actuales sin modificar los Tratados.
El último vector destacado fue la protección de los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, entre ellos la democracia, el Estado de Derecho, la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales. Alberto De Gregorio subrayó que estos valores no son una cláusula ornamental ni una declaración programática, sino normas con pleno valor jurídico y consecuencias concretas para los Estados miembros. La defensa del Estado de Derecho se presenta así como una condición de la independencia europea: una Unión que no protege sus propios valores difícilmente puede proyectar autoridad, legitimidad y coherencia hacia el exterior.
A lo largo de la sesión se puso de manifiesto que el Derecho europeo no es un elemento estático, sino una herramienta viva para afrontar los grandes desafíos de la Unión. La transformación tecnológica, la presión geopolítica, la necesidad de defensa, la ampliación, la competitividad y la preservación de los valores fundacionales exigen respuestas jurídicas innovadoras, pero también fieles a la arquitectura constitucional de la Unión.
Esta conversación constituye una pieza especialmente relevante dentro del Cierre del Curso Académico de Fide 2025-2026, ya que ofrece un marco jurídico e institucional para muchos de los debates abordados en el resto de contenidos del ciclo: la política de competencia y el papel de la CNMC, la inteligencia artificial y la gobernanza tecnológica, la financiación de la defensa, la democracia y los retos político-institucionales de los próximos años.
Puedes consultar el programa completo del Cierre del Curso Académico de Fide 2025-2026 aquí:
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