
El 17 de septiembre de 2026 se celebró en Fide la sesión “Análisis práctico de la asistencia financiera en grupos de sociedades y en fusiones apalancadas: alcance de la prohibición y supuestos permitidos”, en el marco de las actividades del Foro Retos de los Grupos de Sociedades. La sesión contó con la intervención de D. Pablo Daza González, abogado de Uría Menéndez, y fue moderada por D. José María Rojí Buqueras., Socio del Departamento Mercantil en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Árbitro y Consejero Académico de Fide.
La sesión tuvo por objeto examinar, tanto en el plano teórico como en el práctico, el alcance de la prohibición de asistencia financiera cuando intervienen grupos de sociedades, con especial atención a la presencia de sociedades de responsabilidad limitada y a las diferencias que presentan los artículos 143.2 y 150.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”). Se analizó, asimismo, en qué medida la prohibición afecta a las filiales de la sociedad adquirida en aquellos supuestos en los que un régimen especial prevalece sobre el general o en los que la propia configuración de la operación hace inaplicable la norma.
A continuación, se exponen las principales consideraciones desarrolladas en la sesión.
1. Prohibición de asistencia financiera
La sesión tomó como punto de partida el artículo 3 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (el “Código Civil”), que exige interpretar las normas atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. En este contexto, se expuso que la prohibición de asistencia financiera responde a una doble finalidad. Por un lado, una vertiente financiera, orientada a preservar el patrimonio social como garantía de los acreedores. Por otro, una vertiente corporativa o política, dirigida a proteger la estructura de propiedad y de control de la sociedad, impidiendo que los administradores empleen el patrimonio social para favorecer la entrada de socios afines a su gestión.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha configurado una posición consolidada conforme a la cual la prohibición de asistencia financiera solo debe aplicarse cuando resulten efectivamente afectados los bienes jurídicos que la norma tutela. Esta posición se confirma en la STS 673/2026, de 5 de mayo, en virtud de la cual el Alto Tribunal rechaza la nulidad de una operación que reunía los rasgos típicos de la asistencia financiera, razonando que, en una interpretación teleológica, no procedía aplicar la sanción porque la operación no comprometía de forma relevante la solvencia de la sociedad ni ocasionaba perjuicio a los socios minoritarios.
A continuación, se abordó el análisis de los elementos estructurales de la prohibición de asistencia financiera. Para apreciar asistencia prohibida debe verificarse un doble requisito: que concurra alguna de las finalidades de la norma y que se den sus elementos estructurales, que son tres: el primero es la asistencia en sentido amplio, que comprende anticipar fondos, conceder préstamos, prestar garantías o facilitar cualquier otra ayuda financiera en favor de un socio o un tercero; el segundo es el propio negocio de adquisición de acciones o participaciones; y el tercero es el nexo causal, en virtud del cual se exige que la finalidad de adquirir se incorpore a la causa del negocio, es decir, requiere una relación finalista entre el negocio o acto de asistencia financiera y el negocio de adquisición de acciones o participaciones.
Junto a estos tres elementos, y siguiendo la doctrina de Cándido Paz-Ares, aparece un cuarto elemento de carácter implícito: la operación debe producirse en el mercado secundario, esto es, en una compraventa de participaciones/acciones ya existentes. Se precisó que la asunción de participaciones y suscripción de acciones nuevas queda fuera del ámbito de la prohibición y se rige por las normas relativas a la efectiva aportación del capital.
En relación con la extensión de la prohibición, se analizó la distinta redacción de los dos preceptos que regulan la prohibición en función del tipo social de la sociedad afectada. El artículo 150.1 LSC prohíbe a la sociedad anónima asistir la adquisición de sus propias acciones o de las de su sociedad dominante, mientras que el artículo 143.2 LSC, por su parte, prohíbe a la sociedad limitada asistir la adquisición de sus participaciones o de las de cualquier sociedad del grupo al que pertenezca. Además, la sociedad anónima cuenta con dos excepciones de las que carece la sociedad limitada: (i) la asistencia al personal de la empresa para la adquisición de acciones y (ii) las operaciones ordinarias de los bancos y las entidades de crédito.
Se expuso que la doctrina mayoritaria (Pantaleón, Paz-Ares y Perdices) considera que la referencia a “cualquier sociedad del grupo” del artículo 143.2 LSC es un error del legislador. En consecuencia, la prohibición en las sociedades limitadas debería interpretarse igual que en las anónimas, alcanzando solo a la Target y a su sociedad dominante. En cualquier caso, si la sociedad matriz es una sociedad anónima, la doctrina mayoritaria considera que la ley aplicable debe ser la de la sociedad anónima, esquivando la aplicación del régimen de las sociedades de responsabilidad limitada. Además, se añadió, por último, que, incluso si se mantuviera la interpretación literal del precepto, el único grupo relevante a efectos de asistencia financiera prohibida sería el del vendedor, que es quien controla la Target en el momento de la venta y, por tanto, los bienes jurídicos en liza son precisamente los del grupo del vendedor, quedando así fuera de la prohibición las sociedades pertenecientes al grupo comprador.
En relación con las consecuencias del incumplimiento de la prohibición, se recordó que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho conforme al artículo 6.3 del Código Civil. Y que, además, el Tribunal Supremo ha manifestado que la previsión en la legislación societaria de una sanción administrativa de multa para los administradores no constituye una excepción a esa nulidad. Así, constituye ya doctrina jurisprudencial que la multa prevista en el artículo 157 LSC no soluciona las consecuencias perjudiciales de la infracción en el ámbito privado, porque no remedia la afectación negativa que la asistencia financiera causa a la integridad del patrimonio social ni a la solvencia de la sociedad, lo que justifica la nulidad. Además, se destacó que esta nulidad afecta únicamente al negocio de facilitación (generalmente, la garantía), pero no a la compraventa de las participaciones o acciones, que permanece válida.
En cuanto a la legitimación activa para instar la nulidad, se destacó la STS 190/2025, de 6 de febrero, que estableció que solo pueden ejercitar la acción los sujetos protegidos por la norma, es decir, los acreedores sociales y los socios ajenos al órgano de administración y representación de la sociedad, sin que quienes actuaron con conocimiento de la ilicitud puedan instrumentalizar la prohibición en su beneficio.
Se analizó también la ley aplicable a la prohibición de asistencia financiera. El artículo 158 LSC dispone que la norma española sobre asistencia financiera se aplica, aunque la sociedad que realice la operación no sea española, siempre que la dominante sí lo sea. A sensu contrario, y en línea con la doctrina más cualificada, se planteó qué norma rige cuando la dominante es extranjera y las filiales son españolas. Se señaló que, en tal caso, a las filiales españolas les debe aplicar la ley extranjera de la sociedad dominante, por ser el fuero donde se sitúan los bienes jurídicos protegidos.
2. Estructuras de adquisición apalancada
En la sesión se analizaron los siguientes escenarios en relación con la asistencia financiera en el contexto de las operaciones de adquisición de acciones y participaciones.
Estructura de compra de un grupo por un tercero
Se analizó a continuación la integración de un grupo por otro. Un grupo con dominante luxemburguesa adquiere, a través de Bidco, S.L., la sociedad Target, S.L. a una vendedora (Sellco, S.L.) que pertenece a otro grupo, también con dominante luxemburguesa.
Bajo esta situación, se examinó qué sociedades pueden garantizar la deuda de adquisición. La sociedad Target y sus filiales no pueden hacerlo, porque comprometerían el patrimonio que la norma protege. En cambio, sí pueden hacerlo Bidco, incluida la prenda sobre las participaciones de Target, y las sociedades situadas por encima de ella, porque Target no es su dominante.
La cuestión más debatida giró en torno a la inclusión de las filiales de Bidco, constituidas como sociedades limitadas, en el perímetro de la prohibición de asistencia financiera, concluyéndose que carece de sentido Target prohibir a Bidco hacer a través de una filial lo que puede hacer por sí misma, siendo posible por tanto que las filiales de Bidco puedan garantizar la deuda, lo que resulta especialmente relevante en las operaciones de add-on.
Estructura LBO compra intragrupo: grupos jerárquicos y grupos planos
Se abordó después el supuesto de adquisición de Target en un LBO intragrupo, en el que una sociedad del grupo adquiere, con financiación bancaria, otra sociedad del mismo grupo. Estas operaciones, habituales en la práctica diaria para reorganizar el grupo, extraer liquidez, concentrar deuda o preparar una venta posterior, no deben abordarse de la misma forma que un LBO con un tercero ajeno, en la que el beneficiario formal (financiador) y material (tercero que adquiere) es siempre ajeno al grupo (escenario en el que sí opera la prohibición).
En grupos jerárquicos, debería aplicarse una reducción teleológica de la norma prohibitiva: si los bienes jurídicos protegidos no están en juego, la operación no entra en el ámbito de la prohibición y se somete al régimen que le es propio (operaciones vinculadas).
Además, se destacó que la STS 673/2026, de 5 de mayo, parece abrir el camino para respaldar este enfoque (aunque propiamente no lo aplique). El Tribunal Supremo descartó la nulidad atendiendo a la finalidad legítima de la operación, a su escasa afectación patrimonial, al precio razonable, a la igualdad de trato entre socios y a la existencia de un control administrativo externo. Son, en esencia, los mismos criterios que emplea el régimen de operaciones vinculadas.
En grupos planos, la ausencia ontológica de conflicto de interés y de capacidad económica propia de los intervinientes determina directamente la aplicación de la norma de autocartera (se trata de operaciones derivativas por persona interpuesta).
Se advirtió, sin embargo, que trasladar todo lo anterior a un LBO intragrupo es una cuestión más delicada porque ahí existe un tercero que es beneficiario formal de la facilidad y defender que sea la propia Target la que garantiza su compra parece más arriesgado. Si no tiene acreedores relevantes, como ocurre en muchas sociedades tenedoras de activos, o si el grupo es plano, la reducción teleológica de la norma debería ser posible, siendo el régimen aplicable el de autocartera. No obstante, si el grupo es jerárquico y la Target tiene acreedores relevantes, debe aplicarse aquí la prohibición, en tanto queda afectada la vertiente financiera (preservar el patrimonio social como garantía de los acreedores).
3. Operaciones permitidas: supuestos en los que no opera la prohibición
La sesión se centró además en identificar estructuras en las que la prohibición queda desplazada por una norma especial o resulta irrelevante porque la operación no encaja en su supuesto de hecho.
En relación con la división de la financiación de la operación en tramos, se explicó que, como la prohibición solo afecta al tramo destinado a la adquisición de las acciones o participaciones, la Target y sus filiales pueden garantizar aquellos tramos concedidos con otra finalidad, como las inversiones o las necesidades generales de tesorería. Se reconoció que, en la práctica, la separación no siempre es nítida, ya sea porque las refinanciaciones mezclan la deuda o porque se producen errores en la asignación de fondos. Aun así, la garantía no queda afectada si su finalidad no es financiar la adquisición y la entidad financiera no participaba de ese propósito.
En cuanto a los supuestos de fusión apalancada, se analizó el régimen del artículo 42 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se transpone entre otras, la Directiva de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, en el que la sociedad compradora y la Target se fusionan y la entidad resultante asume la deuda de adquisición. Y se indicó que este régimen especial sustituye a la prohibición general ya que ofrece sus propias garantías a socios y acreedores. A partir de ahí, se defendió que, cumplidos sus requisitos, también las filiales de la Target y el resto del grupo pueden garantizar esa deuda.
Además, el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado expresamente sobre la validez de estas garantías en el marco de una fusión apalancada. No obstante, en la STS 673/2026, de 5 de mayo, el Tribunal descartó la nulidad de una operación de asistencia financiera, no solo porque no afectaba a los bienes que la norma protege, sino también porque existían otros controles que ya garantizaban esa protección. En concreto, la sociedad era una aseguradora cuya solvencia estaba supervisada, y el supervisor no había objetado la operación.
Por último, en relación con el dividend recap o dividendo apalancado, se señaló que esta estructura consiste en que la Target, con carácter previo a su venta, obtiene financiación para distribuir a su socio vendedor un dividendo con cargo a sus reservas distribuibles. En consecuencia, el precio de compraventa se reduce en el importe distribuido, de forma que el vendedor percibe una parte del precio por la vía del dividendo, concluyéndose que dicha operación queda fuera del ámbito de la prohibición de asistencia financiera, por dos motivos: el primero, porque, la financiación tiene por objeto el reparto de un dividendo y no la adquisición de participaciones, de modo que no concurre el supuesto de hecho de la prohibición; y, el segundo, porque el reparto de dividendos está sujeto a su propia regulación, que ya ofrece una protección adecuada a socios y acreedores.
Resumen elaborado para Fide por Gonzalo Villanueva Redondo, Senior Associate de ECIJA y Jorge Bonilla Ménguez, Associate de ECIJA.





