El pasado 5 de marzo, Fide, en el marco de sesiones M&A, organizó la sesión sobre El impacto del control de inversiones extranjeras (FDI) en el M&A.
Bajo la moderación de Mario García, contamos con las intervenciones de Marta Font Monfort y el Coronel Miguel Ángel Díaz Vega, quienes analizaron el impacto que los regímenes de control de inversiones extranjeras tienen sobre las operaciones de M&A, así como su evolución reciente en España, la Unión Europea y el ámbito de la defensa. Las intervenciones aportaron una visión complementaria desde la práctica jurídica, la Administración Pública y la seguridad nacional.
Marco general y efectos sobre las operaciones
Iniciamos la sesión con un análisis detallado de cómo, en las fases previas de una operación de M&A, resulta imprescindible verificar si la transacción está sujeta al régimen de control de inversiones extranjeras. Se resaltó que esta verificación condiciona toda la estrategia de la operación, ya que la sujeción implica la necesidad de obtener una autorización administrativa previa e introducir una condición suspensiva, aumentando la incertidumbre sobre el cierre y obligando a determinar qué parte está en condiciones de asumir el riesgo de que haya que aceptar condiciones o negociar y aplicar medidas de mitigación para los riesgos detectados en el procedimiento de control de inversiones.
Se expusieron dos posibles escenarios en la negociación sobre este punto. En un extremo más favorable al vendedor, sería la introducción de la cláusula hell-or-high-water, que obliga al comprador a aceptar condiciones o negociar los compromisos que pudiera necesitar la Administración para abordar los riesgos detectados; y en el otro extremo, favorable al inversor, la posibilidad de que el adquirente decida libremente si aceptar o no las condiciones o negociar los compromisos propuestos por la Administración (lo que le daría una vía de salida de la operación). Este procedimiento de control de inversiones tiene también un impacto significativo en los plazos —especialmente relevantes en procesos competitivos—, pueden generar un riesgo de gun-jumping durante el periodo interino y pueden afectar a la propia estructura de la operación, que puede verse modificada mediante carve-outs cuando concurren varias jurisdicciones con exigencias regulatorias dispares. Todo ello afecta directamente a la dinámica de la negociación, incrementando el riesgo regulatorio y condicionando la preferencia entre potenciales compradores.
En cuanto al contexto, se subrayó que el auge de China, la primera administración Trump o la pandemia del COVID-19 han configurado un marco geopolítico que explica la proliferación global de mecanismos de control de inversiones. En Europa, el Reglamento 2019/452, de 19 de marzo de 2019, ha establecido un sistema de cooperación entre Estados miembros y la Comisión Europea, sin llegar a constituir un mecanismo centralizado.
En España, se repasó la evolución del marco jurídico vinculado a la seguridad nacional, desde la reforma del CESID en 2002 (que se convirtió en el CNI), la Ley 8/2011 sobre infraestructuras críticas, la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional y la inclusión en 2020 del artículo 7 bis en la Ley 19/2003, de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, hasta el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones extranjeras.
Actualmente, los regímenes de control se articulan en tres bloques principales: el régimen general para inversores de países de fuera de la UE y de la AELC, el régimen temporal para inversores de la UE/AELC y el régimen específico para actividades relacionadas con la Defensa.
También se analizó la evolución práctica del sistema en el tiempo: una primera fase marcada por dudas y consultas, seguida por un proceso de consolidación de criterios y un posterior desarrollo reglamentario, lo que permite ofrecer a los inversores asesoramiento cada vez más claro.
Finalmente, se comentaron los principales elementos del nuevo reglamento europeo de control de inversiones, publicado en febrero, incluyendo la cobertura de inversiones realizadas a través de vehículos europeos controlados por inversores no comunitarios, el reconocimiento explícito de la posibilidad de someter inversiones greenfield a control, la adopción de un procedimiento en dos fases y la ampliación del mecanismo de cooperación.
Se indicó que la UE avanza hacia un entorno con mayores restricciones comerciales, con instrumentos que permiten limitar la participación de terceros países en contrataciones públicas o responder a intentos de coerción económica. En este contexto se enmarca también la reciente Propuesta de Ley de Aceleración Industrial de la Comisión Europea.
Situación de la inversión extranjera y prioridades administrativas
Se situó el contexto internacional actual, señalando que está marcado por tensiones geopolíticas, nuevas potencias emergentes y una transformación tecnológica sin precedentes, todo ello con impacto en los flujos de inversión. En este contexto, se destacó que España se mantiene como un destino especialmente atractivo: el stock de inversión extranjera alcanza el 41% del PIB, con más de dos millones de empleos directamente vinculados; el país es además líder europeo en proyectos greenfield.
Se señaló que el incremento de inversiones en sectores estratégicos ha sido notable, lo que explica el aumento del número de expedientes sujetos a control. En 2025 se analizaron 250 expedientes, un 15% más que en 2024, con especial presencia de proyectos asociados a la transición verde y digital (renovables, biogás, hidrógeno verde, computación cuántica, IA, centros de datos…). Se destacó, asimismo, la creciente diversificación territorial y la expansión de la base inversora hacia Asia y Oriente Medio.
Se remarcó que este dinamismo sería impensable sin un marco jurídico estable y predecible, cuyo objetivo es equilibrar la seguridad —esencial para la Administración y para el funcionamiento fiable de la economía— con mantener los beneficios de la apertura económica.
Entre las prioridades de la Administración se subrayaron:
- La agilidad, con un plazo efectivo de resolución medio de 2 meses y que debe ponerse en valor teniendo en cuenta la intensa labor de coordinación entre el elevado número de actores de la AGE implicados, la cada vez mayor complejidad de los expedientes, especialmente los que requieren compromisos y la necesaria coordinación internacional en operaciones multijurisdiccionales;
- La predictibilidad, para dar seguridad jurídica a los inversores con la introducción de un mecanismo rápido de consultas vinculantes;
- La accesibilidad, ya que la Subdirección General de Inversiones Exteriores está en constante contacto con la comunidad jurídica e inversora; y
- La proporcionalidad del sistema, ya que en 2025 solo se condicionó un 10% de las operaciones y no se produjo ninguna denegación.
Asimismo, se destacaron las previsiones a futuro, como los trabajos actuales para adaptar el mecanismo a las nuevas obligaciones derivadas del nuevo reglamento europeo, así como optimizarlo revisando el artículo 7.bis de la Ley 19/2003 y el Real Decreto 571/2023, especialmente en ámbitos como la IA, los centros de datos o la definición de inversión extranjera.
Seguridad y soberanía estratégica
Se ofreció una aproximación centrada en las particularidades del control de inversiones en sectores sensibles. Se explicó que, si bien el proceso se rige por la normativa gestionada por la Secretaría de Comercio, en el Ministerio de Defensa, se analizan elementos adicionales, incluyendo relaciones geopolíticas, vínculos indirectos y posibles países proxy, lo que hace que los expedientes sean más complejos y prolongados.
Se destacó el fin de proteger la soberanía estratégica y promover la industria española, lo que requiere apoyo institucional e inversión extranjera para reforzarse y participar en proyectos europeos. Se destacó también la necesidad de consolidar capacidades industriales propias y la dificultad añadida de prever las necesidades tecnológicas futuras, dada la rapidez de los desarrollos militares y los largos ciclos de vida de los equipos.
Un elemento central de la evaluación es el threat assessment, que combina probabilidad y vulnerabilidad para determinar el riesgo real. Se presentaron ejemplos de cómo puede variar el nivel de riesgo en función de estas dos variables.
Finalmente, se revisó la evolución normativa: mientras que el Real Decreto 664/1999 exigía autorización del Consejo de Ministros salvo excepciones, el Real Decreto 571/2023 permite autorizaciones delegadas en determinados supuestos. No existe umbral de minimis: el importe es irrelevante. En el caso de sociedades cotizadas, se repasó el régimen del 5% y el tramo del 5–10%, que exige una renuncia expresa a ejercer control.
Resumen elaborado para Fide por Ana Cañibano García, Abogada | Associate, Écija.
