El pasado 23 de junio, la Comisión Europea publicó la edición de 2025 de su Annual Report on Taxation en el que, como todos los años, la Comisión expresa cuáles son, en su opinión, los principales retos actuales para los sistemas tributarios de los Estados miembros y qué tendencias debería seguir su política tributaria para afrontarlos adecuadamente.
Así, en sus últimos informes anuales, la Comisión ya ha destacado como cambios estructurales a medio y largo plazo que condicionarán los sistemas fiscales el envejecimiento de la población, el cambio climático y la digitalización, que incluye el impacto de la inteligencia artificial. Todos ellos tienen un impacto en los sistemas tributarios de los Estados miembros puesto que impactan significativamente en los gastos, incrementándolos. Sin embargo, en la edición de 2025, llama poderosamente la atención las continuas referencias al desafío que supone el reto demográfico y su impacto directo en cuestiones tales como la distribución del gasto público, la sostenibilidad de los ingresos e incluso el diseño de las administraciones tributarias que asegurarán la recaudación efectiva y eficaz de esos ingresos públicos.
Así, para dar una adecuada expresión a la cuestión, el informe prevé que España (16,0% del PIB), Italia (15,5%) y Bélgica (14,6%) tendrán el mayor gasto medio en pensiones entre los Estados miembros entre los años 2022 y 2070. En el caso de nuestro país, eso implica que, si se mantuviesen constantes los ingresos tributarios de 2022, el pago de las pensiones supondría un porcentaje medio del 41% de los mismos en el periodo 2022-2050, lo cual plantea un serio reto en un país con una cierta tendencia al desequilibrio de las finanzas públicas. Pero, no es este el único impacto sobre las finanzas públicas ya que, además, el envejecimiento de la población viene acompañado por una disminución del porcentaje de población activa en la práctica totalidad de los Estados miembros que, a juicio de la Comisión, debería ser paliado a través de políticas públicas complementarias como, por ejemplo, políticas activas de mercado laboral y formación continua a lo largo de la vida laboral.
Todo ello, en palabras de la Comisión, “podría ser un incentivo para adelantar reformas fiscales que mejoren la sostenibilidad de sus finanzas públicas desde una perspectiva a largo plazo”.
De este modo el informe anticipa que los Estados miembros se verán abocados, entre otras cuestiones, a introducir cambios en el mix fiscal, para hacerlo menos dependiente de la fiscalidad de las rentas del trabajo, y aumentar la eficacia de las administraciones tributarias para fortalecer la recaudación.
En este sentido, y aunque no se vincula directamente con la modificación del mix fiscal, lo cierto es que el Informe dedica su capítulo 6 a la fiscalidad de las rentas altas, bajo el expresivo título de “Gravar la riqueza y los ingresos más altos: estrategias para un sistema fiscal más justo”, en el que defiende el establecimiento de gravámenes específicos para las rentas más altas, las ganancias de capital y el patrimonio y las herencias, como instrumento para asegurar la mayor progresividad y equidad de los sistemas tributarios, así como para lograr una contribución más justa de esos contribuyentes. A lo largo de ese capítulo, la Comisión detalla las numerosas ventajas que, desde esa perspectiva, tiene el aumento de la presión fiscal de las rentas más altas, aunque, en honor a la verdad, también menciona, de forma más resumida alguna de sus posibles desventajas en términos de huidas de capitales o freno al emprendimiento. Con ello, si se me permite la expresión, da la sensación de que la Comisión entiende que parte del remedio al problema del mix fiscal puede venir, por tanto, del rico.
Por otra parte, el informe de 2025 incluye por primera vez un capítulo dedicado a analizar las características de las administraciones tributarias de los diferentes Estados miembros, en el que se ponen de manifiesto las enormes diferencias existentes. Así, hay grandes variaciones en cuanto al volumen de empleados (expresado en equivalentes a tiempo completo por millón de habitantes) que van desde los 433 de España a los 1.979 de Luxemburgo, así como en la distribución de ese personal, que, en algunos países como el nuestro, se destina mayoritariamente a labores de comprobación, mientras que en otros se focaliza en tareas de asistencia en el cumplimiento. Sin embargo, la Comisión pone de relieve un desafío común al que la mayor parte de las administraciones tributarias de los Estados miembros deberán enfrentarse en los próximos años, que no es otro que, ¿adivinan?, el envejecimiento de su personal. En siete Estados miembros más del 40% de la plantilla supera los 55 años. La Comisión destaca que la necesaria renovación del personal de las administraciones tributarias puede implicar pérdida de conocimientos y experiencia que deberá ser suplida mediante el desarrollo de programas específicos de formación de los nuevos empleados. Parece pues que la Comisión teme, por tanto, que las Administraciones tributarias pierdan el consejo que puede ofrecer la experiencia de sus empleados más veteranos.
En definitiva, tras la lectura del informe no pude evitar pensar que, por lo que se refiere a los problemas derivados del envejecimiento de la población, la Comisión aplica el refrán que solía recordarme mi abuela y con el que he encabezado estas líneas.
Miguel Muñoz Pérez
Socio de litigación tributaria de Cuatrecasas. Consejero Académico de Fide.
Artículo publicado originalmente en el Blog de Fide en El Confidencial.
