El 9 de julio de 2024, FIDE celebró una sesión sobre entornos digitales seguros para menores, moderada por Cristina Mesa, socia de Propiedad Intelectual e Industrial en Garrigues, con intervenciones de Raúl Rubio, socio de Derecho Digital en Pérez-Llorca, y Cristina Vicuña, Senior Policy Manager de Políticas Digitales y Talento en AMETIC. La discusión se centró en las distintas medidas que se encuentran actualmente en el panorama normativo y que buscan proteger a los menores en los entornos digitales, como el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales (“APLO”) o la Cartera Digital Beta.
La sesión comenzó destacando la importancia de la normativa para proteger a los menores de contenidos perjudiciales en el entorno digital. Se subrayó el objetivo de equilibrar el derecho de los menores al acceso a la información con la necesidad de proteger su bienestar y desarrollo que buscan las distintas iniciativas normativas. También se enfatizó que la protección de los menores en el entorno digital es una responsabilidad compartida entre legisladores, proveedores de servicios y familias.
Métodos actuales de protección
Los ponentes analizaron algunas de las iniciativas para la protección de menores ya existentes a nivel europeo, como la gestión de contenidos y las verificaciones de edad que establece el Reglamento de Servicios Digitales (“DSA”, por sus siglas en inglés). En línea con esta normativa, se resaltó la importancia de diseñar productos y servicios con la protección del menor en mente, de modo similar al concepto de «privacy by design» establecido en la normativa de protección de datos.
También se detallaron distintas medidas previstas en la normativa audiovisual europea, recientemente traspuesta mediante la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que también buscaban la protección de los menores. Medidas como la prohibición de contenidos violentos y pornográficos en abierto, la calificación de contenidos por franjas de edad y los sistemas de control parental, previstos por la última Directiva de servicios de comunicación audiovisual (Directiva UE 2018/1808), pueden resultar muy eficaces para la protección de los menores si se pone el suficiente énfasis y esfuerzo en su aplicación. Sin embargo, los intervinientes apreciaron una falta de actuaciones específicas contra proveedores de contenidos audiovisuales para adultos que busquen la aplicación de esta normativa y de estas medidas.
En general, se coincidió en la valoración positiva de las medidas existentes actualmente en el panorama normativo para la protección de los menores. Los intervinientes compartieron una postura común sobre la necesidad de madurar y aplicar convenientemente estos mecanismos, antes de desarrollar otras medidas nuevas que añadan complejidad al modelo de protección.
Propuesta normativa: Desafíos y contradicciones normativas
Respecto de las propuestas normativas, los ponentes valoraron cómo las propuestas persiguen intereses y objetivos que benefician al conjunto de la sociedad, no sólo a los menores. No obstante, tras realizar un análisis detallado, la normativa presenta posibles contradicciones y solapamientos con otras normas europeas. Por ello, se subrayó la necesidad de preservar una armonización normativa a nivel europeo para evitar conflictos y garantizar una protección efectiva de los menores. Además, se solicitó que la normativa fuese clara y precisa, para evitar interpretaciones ambiguas que puedan dificultar su aplicación efectiva.
Entre otros ejemplos de posible contradicción, se señaló cómo la obligación de instalar y aplicar controles parentales por defecto en los dispositivos digitales, prevista en el APLO, podría contravenir las normas sobre el mercado interior o la normativa sobre equipos radioeléctricos. Esto se debería a que este requisito técnico, junto con otros requisitos de información y transparencia, dificultaría el tráfico de bienes entre los distintos Estados miembro de la Unión Europea.
Por otro lado, también se comentaron los mecanismos de verificación de edad obligatorios promovidos por el Gobierno. Se explicó el proyecto Cartera Digital Beta, que busca autenticar la edad de los usuarios para acceder a contenido pornográfico mediante el uso de certificados electrónicos para la verificación de la identidad. Se expresó preocupación sobre la posible incompatibilidad con la normativa sobre identidad digital (Reglamento eIDAS2), que reconoce el principio de voluntariedad en el uso de carteras digitales. Por otro lado, se mencionó cómo la herramienta puede generar trazas de información muy sensible, lo que podría generar riesgos de ciberataques y filtraciones de datos. Según los expertos, es necesario llevar a cabo un análisis detallado de la proporcionalidad de esta medida respecto de los derechos y libertades de los usuarios, como la protección de sus datos, su intimidad personal y familiar, o la libertad de elección de mecanismos de identificación electrónica.
Enfoque holístico: Abordando todas las vías de actuación
Además de las medidas normativas, se enfatizó la necesidad de la implicación de las familias en la protección de los menores. Un ejemplo sería el uso efectivo de herramientas de control parental para la toma de decisiones informadas respecto de qué contenidos pueden visualizar los menores. Se señaló cómo este enfoque, marcado principalmente por la normativa europea, es respetuoso con el derecho y el deber de los padres de adoptar decisiones sobre el desarrollo y la educación de sus hijos.
También se destacó el papel de la educación digital, fundamental para que los menores puedan navegar de manera segura y responsable en internet. En este sentido, se sugirió la creación de campañas de concienciación dirigidas a padres y educadores para promover el uso responsable de las herramientas digitales y la supervisión activa pero respetuosa de la actividad en línea de los menores.
Se subrayó la importancia de un enfoque de corresponsabilidad que incluya al gobierno, la industria, las familias y los menores. Se destacó la necesidad de una colaboración real con la industria para desarrollar soluciones efectivas y acordes a la normativa europea. Para ello, se destacó la importancia de fomentar la colaboración entre el sector público y privado para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que protejan a los menores.
Conclusiones
Se concluyó que, aunque el APLO y la Cartera Digital Beta son pasos importantes hacia la protección de los menores en entornos digitales, su implementación presenta desafíos significativos. Es crucial un enfoque flexible y armonizado a nivel europeo, así como la implicación de las familias y la educación para la concienciación y el uso responsable de las herramientas digitales. Se coincidió en que la protección de los menores en el entorno digital es una tarea compleja que requiere la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo legisladores, proveedores de contenidos y familias.
Este resumen ha sido elaborado por Ricardo López, Abogado de Garrigues y Antonio Muñoz-Torrero, Abogado de Pérez-Llorca
