El pasado martes 17 de junio, la Fundación FIDE organizó la sesión «La protección de la infancia y de los menores y la regulación inteligente«
La sesión principal tuvo como ponente a D. Rafael Escudero Alday, Subsecretario del Ministerio de Juventud e Infancia; contando con la moderación de D. Juan Espinosa García, Socio Fundador de Silverback Advocacy.
En esta sesión se expusieron los contenidos del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, la cual se encuentra pendiente de su aprobación.
La intervención, estructurada a partir de preguntas clave, dio lugar a un diálogo enriquecedor entre profesionales del ámbito jurídico, representantes ministeriales, expertos en políticas públicas y miembros de distintas entidades reconocidas.
A lo largo del encuentro se analizaron de forma integrada las dimensiones jurídicas, política y técnica del proceso normativo, así como la necesidad de articular respuestas efectivas frente a los riesgos digitales que afectan a la infancia y adolescencia.
Desde una perspectiva institucional, se explicó que el Ministerio de Juventud e Infancia, pese a su reciente creación, se ha propuesto ejercer un papel transversal en los procesos normativos del Estado. Su mandato no se reduce a impulsar sus propias iniciativas, sino que incluye participar activamente en la elaboración de otras normas que afectan, directa o indirectamente, a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se subrayó la necesidad de garantizar que el interés superior del menor (ISM) se integre como principio rector en todas las políticas públicas y normativas, incluso aquellas que no son competencia exclusiva del Ministerio.
Uno de los mayores retos identificados es la coordinación con las Comunidades Autónomas, dado que la protección de la infancia es una competencia estatutaria que reside en los niveles territoriales. El Ministerio de Juventud ha emitido observaciones a proyectos autonómicos que, desde su perspectiva, contravenían el ISM. También se hizo mención al caso balear, donde se ha cuestionado la permisividad normativa respecto a la asistencia de menores a espectáculos taurinos. Esta labor de vigilancia normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, es una de las funciones clave del Ministerio, que busca asegurar la coherencia del sistema jurídico en favor de los derechos de la infancia.
Por otro lado, la sesión dedicó un apartado amplio a comentar el proyecto de ley sobre protección de menores en entornos digitales, aún en fase de elaboración. Se explicó que se trata de un proyecto de ley orgánica, ya que incorpora modificaciones al Código Penal, y nace como respuesta a una demanda social clara: proteger a los menores frente a los riesgos digitales en un contexto tecnológicamente acelerado.
El proyecto combina distintos tipos de medidas:
- Impositivas, como la obligación a los fabricantes de dispositivos de incluir sistemas de control parental preinstalados y gratuitos.
- Coercitivas, como la regulación de los sistemas de recompensa aleatoria (loot boxes), o la restricción drástica de horarios para la publicidad dirigida a menores (por ejemplo, de 1:00 a 5:00 de la madrugada).
- De fomento de la corregulación, basadas en establecer líneas rojas claras por parte del Estado y dejar un margen operativo al sector privado.
Una de las medidas más destacadas es la elevación de la edad mínima para el tratamiento de datos personales de 14 a 16 años, alineándose con criterios europeos más estrictos. También se debatió la posibilidad de incluir otras reformas legislativas aprovechando el trámite del proyecto, aunque se descartó una reforma penal de gran calado en esta etapa.
Adicionalmente, con respecto a las dificultades técnicas, jurídicas y políticas que entrañan este tipo de proyectos, se expusieron algunos de los principales retos que enfrenta el proceso normativo. Uno de ellos es la resistencia de otros ministerios o sectores implicados, especialmente cuando las medidas implican costes económicos o restricciones a la industria. Se expresó preocupación sobre el riesgo de que ciertas disposiciones —como las que afectan a fabricantes— queden suspendidas en negociaciones políticas posteriores.
También se abordó la evolución del papel de la memoria de impacto normativo, que ha pasado de ser un mero requisito administrativo a convertirse en un instrumento clave de control legal. De hecho, puede ser utilizada como base para impugnaciones jurídicas contra la norma. En este contexto, se valoró el peso creciente de criterios como el principio de proporcionalidad, aunque se defendió también el uso del principio de precaución en ausencia de evidencia científica clara, especialmente en materias sensibles como salud, publicidad infantil o contenidos digitales.
En la última parte de la sesión, los participantes en el debate pusieron de relieve ciertas contradicciones estructurales del modelo normativo. Se mencionó que, aunque la administración pública apela frecuentemente a la corregulación y autorregulación, en la práctica se imponen requisitos tan exigentes que dificultan cualquier posibilidad real de que el sector privado participe de forma efectiva.
Por ejemplo, se mencionó el caso de la publicidad alimentaria dirigida a menores: aunque se promueve la autorregulación, las limitaciones horarias tan estrictas que impone la ley provocan que ya no sea rentable para los anunciantes, eliminando el incentivo a corregirse. También se destacó la ausencia de una cultura sólida de evaluación ex post de las normativas ya en vigor. Varios asistentes a la sesión coincidieron en que el análisis posterior de las leyes es deficiente o directamente inexistente, lo que impide corregir errores, medir impactos reales o ajustar las políticas públicas con base en resultados empíricos.
En la fase de preguntas e intervenciones de los asistentes, las intervenciones del público añadieron riqueza al debate. Algunos asistentes lamentaron la escasa referencia al contexto europeo, a pesar de su impacto directo sobre muchas políticas nacionales. También se subrayó la falta de mecanismos sólidos para evaluar el impacto real de las leyes ya aprobadas, lo que dificulta la retroalimentación legislativa. Otros asistentes hicieron hincapié en la necesidad de concretar cómo se llevarán a la práctica las medidas propuestas, destacando la importancia de que la regulación sea operativa y no meramente declarativa.
La sesión concluyó con una reflexión general sobre el papel del Estado en la regulación del entorno digital en lo que respecta a la infancia. Quedó patente la complejidad del proceso regulador en esta materia, así como la necesidad de conjugar medidas coercitivas con fórmulas de cooperación público-privada. Si bien es legítimo promover mecanismos de corregulación, se subrayó que ciertos valores y derechos —como la salud pública o la seguridad del menor— justifican una intervención directa por parte del legislador. Se insistió en que la protección de la infancia no puede quedar a merced de intereses comerciales ni de las dinámicas propias del mercado.
En este contexto, el proyecto de ley actualmente en discusión representa un intento ambicioso de abordar múltiples riesgos desde un enfoque integral, orientado por el principio del interés superior del menor. No obstante, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones para sostener políticamente sus objetivos frente a presiones externas, desafíos técnicos y tensiones políticas.
En definitiva, la protección de la infancia en entornos digitales exige no solo un marco normativo sólido, sino también liderazgo institucional, diálogo constante entre actores clave y una evaluación continua de los resultados, con el fin de adaptar las políticas públicas a una realidad cada vez más digitalizada y en constante transformación.
Resumen elaborado para Fide por Marta Rider Cros, asociada de Protección de Datos y Privacidad en ECIJA.
