Los clientes demandan productos flexibles, intercambiables, flotantes, de duraciones variables -muy habitualmente por tiempo indefinido-, pero la ley española no permite ofrecer dicha flexibilidad. Por el contrario, el concepto que subyace en la regulación española es la venta de un bien inmueble que hay que identificar cuando reserva los detalles registrales exhaustivamente. Siendo un producto turístico, ¿en qué hotel se comunica al cliente del apartamento o habitación? La respuesta es que en ninguno, pero al tiempo compartido se le exige por el contrario hacerlo. La normativa comunitaria de la que trae causa la norma española no establece dichas restricciones; fue el legislador español el que optó por ellas. La Ley 42/1998 primero y la Ley 4/2012 ahora exigen a los derechos de aprovechamiento por turno una duración máxima de 50 años desde su constitución; esta duración máxima, no exigida por la directiva comunitaria, desconoce las preferencias de los clientes, pero independientemente de ello, nos preguntamos si el legislador pensó qué sucedería cuándo los complejos tengan una duración de 40-45 años. ¿Pensaron si será posible comercializar entonces derechos con una duración restante de 5-10 años?