En un sentido muy específico Karl Marx tenía razón: la estructura económica, el modo de producción nos revela la anatomía de la sociedad civil. Hay mucho de verdad empírica y una cierta dosis de exageración en el análisis materialista de la historia, en la tesis, tantas veces recitada, de que las modificaciones en la infraestructura económica de la sociedad condicionan poderosamente los cambios que se operan en las superestructuras culturales, políticas o jurídicas.
Hay dos tendencias que Marx no atisbo a ver con claridad: el poderosísimo efecto expansivo de la tecnología como motor del cambio económico y la interacción inversa entre los diferentes niveles de las superestructuras y la base económica y material de la sociedad. Pero hoy tenemos muchas más herramientas de análisis que hace siglo y medio cuando se publicó El Capital.
Nos encontramos inmersos en un periodo de transición entre dos fases de la historia de nuestra civilización; por decirlo en el lenguaje de Marx, entre dos modos de producción, el basado en la acumulación y expansión del capital, en sus múltiples modalidades, que está siendo aceleradamente sustituido por la irrefrenable expansión de nuevas tecnologías que encuentran su fundamento en la ciencia y en la inagotable acumulación del conocimiento.
De este modo, al capitalismo no le sucederá el socialismo sino un individualismo de nuevo cuño en el que el protagonista no será ningún sujeto colectivo que nos arrastre por los meandros de la historia, sino el ciudadano -individuo autónomo tecnológicamente empoderado– con capacidad para evaluar críticamente su horizonte de posibilidades y adoptar las mejores decisiones para proteger sus intereses.
El gran cambio cultural al que estamos asistiendo apunta en una sola dirección: ya no necesitamos tanta protección como en el pasado frente a la incertidumbre. Lo que los hombres y mujeres demandan hoy es una amplia variedad de alternativas y una mayor capacidad de elección. La tecnología y la nueva revolución digital de la economía que se está expandiendo aceleradamente como consecuencia de su aplicación a todos los sectores productivos, no solo ha puesto de manifiesto la obsolescencia de ese costoso y gigantesco salvavidas que es el estado de bienestar, sino que ha generado poderosísimos anticuerpos que impugnan no solo el extraordinario esfuerzo fiscal que conlleva, sino su propia legitimidad política.
Nos encontramos en el vértice de un formidable punto de inflexión, de un cambio cultural de consecuencias civilizatorias que se prolongaran mucho más allá de nuestra generación. La tecnología está haciendo realidad el viejo anhelo del liberalismo clásico: un individuo autónomo libre de tutelas parasitarias.
Un poco por todas partes se vislumbra que ha sonado la hora de desprendernos de los viejos corses y de las rígidas e incómodas armaduras que nos ofrecían protección a cambio de un precio que se ha tornado demasiado alto en un mundo que está desapareciendo.
La icónica imagen de un entonces desmelenado candidato a la presidencia argentina Javier Milei, exhibiendo agresivamente una motosierra para demostrar su inquebrantable voluntad de terminar con la inextricable maraña de burocracia y regulación que está ahogando a la sociedad y la economía argentina puede parecer un gesto circense de un cómico esperpéntico, pero, sin duda, contiene un momento de verdad o, al menos, así le pareció al electorado argentino.
Javier Milei no está solo. Hay una ola incontenible en todo el mundo que impulsa a políticos, tanto de derecha como de izquierda, a abrazar la desregulación. DOGE el departamento para la eficiencia gubernamental, esa singular creación de Donald Trump y Elon Musk, pese a sus muchas incoherencias y a sus más que cuestionables arbitrariedades goza de una extraordinaria popularidad en la opinión pública norteamericana.
Nueva Zelanda ha creado un “ministerio de regulación”, al que pueden acudir los ciudadanos para tratar de solucionar cualquier “problema burocrático”. Y el día 29 de enero, la Comisión Europea se comprometió firmemente a reducir los requisitos de información corporativa en un 25% y en un 35% para las pequeñas y medianas empresas. Incluso en Francia, ese incombustible bastión jacobino, el primer ministro ha prometido “un fuerte movimiento de desburocratización”. Se trata de una incontenible tendencia en el mundo entero; Vietnam planea abolir una cuarta parte de las agencias gubernamentales y la burocracia de la India, conocida por su sistemática obstrucción de la iniciativa, se está reduciendo.
En Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento de la burocracia ha sido espectacular y ello explica, en gran parte, la extraordinaria sensibilidad frente al crecimiento del gasto público y el gobierno federal. Según el Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington, las regulaciones federales en Estados Unidos superan ahora las 180.000 páginas, frente a las 20.000 de principios de la década de 1960. Las cifras oficiales sugieren que el gobierno federal impone 12.000 millones de horas de papeleo a los estadounidenses cada año, o unas 35 horas por persona, frente a las 27 horas por persona de 2001. En Alemania el texto completo de todas las leyes tiene un 60 % más de palabras que a mediados de la década de 1990 y en los últimos 20 años, los códigos tributarios, desde Canadá hasta Marruecos, han experimentado un crecimiento exponencial.
El coste de todo ello es hoy en día, sencillamente, insostenible. La inmensa mayoría de los ciudadanos no está dispuesta a pagar por lo que ya no necesitamos. La prolija maraña de normas y regulaciones y todo el aparato burocrático que la sostiene y aplica, desde las comisiones y agencias gubernamentales, pasando por multitud de corporaciones similares hasta los sindicatos tradicionales y todas las organizaciones parasitarias que se nutren de los presupuestos públicos, se han convertido en una formidable carga que nadie quiere sufragar.
Y no se trata de una moda pasajera o de una frívola queja. Un artículo de Bruno Pellegrino, de la Universidad de Columbia, y Geoffery Zheng, de la Universidad de Nueva York, concluye que la burocracia le cuesta a la economía francesa cerca del 4% del PIB cada año. (“¡Insoportable!», declara el primer ministro). La OCDE estima que los costes de cumplimiento normativo consumen alrededor del 4% de la producción empresarial en los países miembros, en promedio. Chang-Tai Hsieh, de la Universidad de Chicago, y Enrico Moretti, de la Universidad de California, Berkeley, atribuyen costos igualmente asombrosos a las regulaciones del uso del suelo.
¿Y qué pasa en nuestro país? Hay una España moderna de jóvenes emprendedores, en sintonía con sus homólogos europeos y norteamericanos que hablan inglés y estudian matemáticas y que día a día se ven obligados a lidiar con la inextricable telaraña de la administración y la inagotable burocracia, pero también hay otra España que vive de las subvenciones y los privilegios, esa España sindicalizada, plagada de funcionarios atrincherados tras un muro de ineficiencia y desidia.
En definitiva, se trata de una realidad que no puede desdeñarse. Mas allá de las razonables divergencias ideológicas está surgiendo un consenso que, necesariamente, se impondrá. Porque, en última instancia, la razón del hartazgo burocrático y de la inflación regulatoria se residencia en los inevitables cambios culturales producto de la revolución digital, que han empoderado a los individuos frente a las organizaciones. Hoy, hombres y mujeres están mucho más dispuestos que en el pasado a asumir riesgos frente a la incertidumbre, a “jugarse la piel” porque también están mucho más seguros de sus capacidades y de su horizonte de posibilidades. Hay un clamor que recorre el mundo. No es tiempo de burócratas y funcionarios. Ha sonado la hora de la desregulación.
Artículo publicado originalmente en el Blog de Fide en ElConfidencial
Autores, Alvaro Lobato Lavín, magistrado de lo mercantil 2 de Barcelona y Cristina Jiménez Savurido, presidente de Fide
