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Los (no muchos) ajustes que vienen a la normativa de telecomunicaciones

"El proyecto no presenta novedades sustanciales respecto del modelo de regulación que aún está en vigor (no cabía esperar otra cosa si solo han transcurrido seis años desde la última ley)."
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Blog Fide El Confidencial

El Gobierno abrió hace unas semanas un proceso de consulta pública para aprobar una nueva ley general de telecomunicaciones, que sustituiría a la vigente desde 2014. Como suele suceder cuando se trata de normas que regulan la intervención pública en sectores económicos, el objetivo principal de la nueva ley es incorporar al derecho español una nueva norma de la Unión Europea, en este caso el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas de diciembre de 2018. Sin embargo, el proyecto no presenta novedades sustanciales respecto del modelo de regulación que aún está en vigor (tampoco cabía esperar otra cosa si solo han transcurrido seis años desde la última ley).

La existencia de una intensa competencia en el sector (10 millones de números de teléfono cambiaron de operador en 2019) hace que el foco de la regulación no vaya ya orientado a controlar la actividad de los operadores históricos, sino a incentivar la extensión de nuevas redes de alta capacidad (especialmente fibra óptica y telefonía móvil 5G) para acelerar la transformación digital del país. Las telecomunicaciones son (y el COVID lo ha demostrado) un instrumento eficaz para el desarrollo económico, para la integración laboral (teletrabajo), social (desarrollo de zonas rurales) y educativa, para el desarrollo de la industria de contenidos, etc. El volumen de negocio del sector fue de casi 17.000 millones en 2018, y la media de inversión anual desde 2013 hasta 2018 ha sido de unos 5.000 millones de euros.

En cualquier caso, la mayor parte de las medidas regulatorias que tratan de fomentar esa extensión de nuevas redes estaban ya en la normativa en vigor (y en las decisiones dictadas por la CNMC en su desarrollo). Por una parte, la CNMC es consciente de que no se incentiva la extensión de nuevas redes por Telefónica si luego se le obliga a compartirlas con sus competidores (¿para qué tomar el riesgo de invertir en mejores redes si luego hay que dejar que otros operadores las usen y ofrezcan los mismos servicios que yo?); por ello, ha impuesto el acceso por otros operadores a la nueva red de fibra de Telefónica solo en aquellas zonas donde aún no existe competencia suficiente. Mientras que en 2016 Telefónica no estaba obligada a dar acceso a su red de fibra en 66 grandes municipios (35% de la población), en una reciente consulta pública de noviembre de 2020 la CNMC ha propuesto extender esa exención a 592 municipios (65% de la población).

Por otra, existen ya numerosas medidas para facilitar la extensión de nuevas redes; sobre todo, el acceso a los postes, torres, tuberías, canalizaciones, etc., de Telefónica, el acceso al dominio público, la expropiación forzosa de bienes de propiedad privada, la imposición a los operadores de otros sectores (eléctrico, gasista, saneamiento, carreteras, ferrocarriles, etc.) de la obligación de dar acceso a su infraestructura de obra civil en condiciones objetivas y no discriminatorias, y la compartición de infraestructuras (en algunos casos obligatoria).

Las novedades en lo referente al desarrollo de infraestructuras son, por ello, muy puntuales. En primer lugar, se propicia que los operadores con peso significativo en el mercado asuman con otros operadores compromisos vinculantes de condiciones de acceso a su red, o de coinversión en redes de alta capacidad, cuya aceptación por el regulador podría incluso llevar a que se liberara a estos operadores históricos de sus obligaciones de dar acceso a sus infraestructuras, o se flexibilizaran las condiciones impuestas.
En segundo lugar, se prevé que se realicen consultas públicas sobre el desarrollo de redes de muy alta capacidad, y se impone la (extraña, por ser difícilmente compatible con el modelo de liberalización) obligación de los operadores de ejecutar las inversiones que comuniquen en esa consulta pública, en la medida en que su falta de ejecución pudiera comprometer el cumplimiento de los planes nacionales de banda ancha, o perjudicara a otro operador. 

Finalmente, y dentro de la política de gestión del espectro radioeléctrico, se faculta al regulador para imponer el uso compartido de las infraestructuras si resulta imprescindible para la prestación de servicios de calidad a los usuarios finales en zonas específicas.

Del lado de los servicios, el proyecto sí que introduce una novedad relevante, que pretende adaptar la regulación a la realidad de los tiempos. Así, y a fin de someter a normas homogéneas a todos los que prestan servicios homogéneos (independientemente de cómo los presten), se regulan los llamados “servicios de comunicaciones interpersonales”, que son aquellos servicios de llamadas (con numeración y sin ella), como WhatsApp, Skipe, Telegram, etc., que en realidad proveen el mismo servicio de llamadas que los operadores tradicionales, aunque no transportan la señal al usuario. De este modo, se les convierte en operadores de telecomunicaciones y se les obliga a registrarse, a pagar tasas, a financiar el servicio universal de telecomunicaciones y a sujetarse a ciertas reglas del régimen de derechos de los usuarios.

También se regulan por primera vez los derechos de los usuarios en el caso de empaquetamiento de servicios, que ya constituye la forma más normal de contratación de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales.

Asimismo, se podrá obligar a los operadores (prioritariamente, a los operadores de servicios móviles basados en numeración) a transmitir a los usuarios alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.

Finalmente, y para los nostálgicos, desaparece la obligación de Telefónica de instalar cabinas telefónicas.

José Giménez Cervantes

Socio de Linklaters S.L.P. Abogado del Estado. Miembro del Consejo Académico de Fide.

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