
Foro Cine, Literatura y Derecho
Periódicamente organizamos en el foro, sesiones de debate destinadas al análisis jurídico de obras literarias en las que el trasfondo jurídico tiene un especial protagonismo. En los últimos años, también centramos el análisis en grandes películas que reúnen la misma condición.
Mario Garcés Sanagustín
Miguel Ángel Lombardía
Publicaciones
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29 de octubre de 2019
Ponentes:
Mario Garcés Sanagustín, Diputado en el Congreso de los Diputados por Huesca (PP). Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de Derecho procesal, UNED
Resumen:
Doce hombres, que forman parte de un Tribunal de Jurado, deben deliberar y pronunciarse sobre un caso de asesinato. Al principio, para la mayoría, once de ellos, el caso no presenta ninguna duda y la culpabilidad se muestra evidente, las pruebas circunstanciales apuntan a la autoría del asesinato por el acusado y parece que la deliberación es un trámite breve y sencillo. Uno de ellos, no obstante, muestra sus dudas y no está convencido y, como el veredicto de culpabilidad exige la unanimidad, es preciso continuar la deliberación en el curso de la cual los argumentos del disidente van tomando cuerpo y otros miembros del jurado cambian su veredicto.
La argumentación y el razonamiento deductivo aparecen como elementos definitorios de la obra, pero también la atmósfera tensa y sofocante en la que afloran los prejuicios y miserias de los asistentes, en un enfoque simple y “teatral”, en el que los recursos que se utilizan son reducidos lo que agranda aún más el carácter magistral del trabajo de Lumet y de los intérpretes.
Desde una crítica al propio sistema judicial, la intrascendencia con la que se aborda inicialmente la pena de muerte y la contaminación personal y subjetiva en la decisión a la par que los prejuicios de todo tipo, (sociales, profesionales, de edad…etc.), se subrayan en la cinta, que ha pasado a la historia como una auténtica obra maestra.
El debate nos ha dado la oportunidad de profundizar y analizar todos esos aspectos en un mundo donde el análisis, a veces vertiginoso, de la realidad, nos puede impulsar en ocasiones a la más grosera superficialidad.
16 de enero de 2020
Ponentes:
Mario Garcés Sanagustín, Diputado en el Congreso de los Diputados por Huesca (PP). Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de Derecho procesal, UNED
Resumen:
“Bueno, creo que deberían quitar la palabra compasión del diccionario inglés”, exclama Emma Thompson en un momento de la película en la que da vida al personaje de Gareth Pierce. “En el nombre del padre”, es una película sobre el eterno retorno de las relaciones entre padres e hijos, el aprendizaje forzado y convulso de un joven que se convierte en hombre en la cárcel, una oda a la libertad frente a la opresión, una descripción subjetiva de la venganza cuando se convierte en rito, un canto a la dignidad tras dejar atrás la crueldad. Pero además de eso y por detrás incluso de todo eso, es una película sobre el error judicial y sobre las consecuencias de todo género que acarrea.
Cuando en junio de 1991, el Tribunal de Apelación de Londres revocó la sentencia tras la aparición de nuevas pruebas adicionales que habían sido ocultadas a la defensa, todo el sistema judicial británico se agitó y provocó una reforma del procedimiento penal, probablemente la más importante de las últimas décadas en el Reino Unido. Como consecuencia de esta reforma, se concentró la planificación y selección de pruebas desde el inicio en el fiscal, eludiendo así que quedara relegado a una mera función de “rubber stamping” de las investigaciones policiales. Se reforzó asimismo el principio de “igualdad de armas”, garantizando una adecuada regulación de los requisitos de divulgación del material probatorio o “disclosure”. En definitiva, una nueva oportunidad para comprobar las motivaciones de un cambio en el Derecho procesal a partir de la asimilación y superación de los errores cometidos.
9 de marzo de 2020
Ponentes:
Mario Garcés Sanagustín, Diputado en el Congreso de los Diputados por Huesca (PP). Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de Derecho procesal, UNED
Resumen:
Joe Wilson es un hombre injustamente acusado de un crimen y encarcelado por error. Por una serie de equívocos, murmuraciones y bulos sobre el crimen, se desata la ira del pequeño pueblo de Strand y la turba enfurecida se dirige a la cárcel para su linchamiento, como no lo logran, incendian el edificio, pero pese a ello Wilson puede escapar y planea oculto llevar ante los Tribunales a los instigadores de aquella acción.
Perturbador relato que encierra una dura crítica a la actuación de las masas que, en nombre de lo que se supone es la verdadera justicia y de lo que ahora se conoce como alarma social, desbordan el Estado de Derecho. Lo inhumano de ese comportamiento se refleja en la dura escena en la que el pueblo asiste expectante, con verdadero furor homicida, al incendio del edificio.
En el juicio contra los instigadores se alza un muro de silencio y se pretende además excusar la actuación de los acusados por una inacción de los poderes públicos. Autoridades que tampoco salen bien paradas en cuanto se refleja su desidia en el envío de la Guardia Nacional a controlar la algarada. La malicia y los rumores hacen que la calidad moral de la sociedad de Strand quede hecha añicos.
El linchamiento físico fue un fenómeno no infrecuente en determinados Estados de Norteamérica en el pasado, ahora debemos cuestionarnos si en nuestra sociedad conceptos como la “opinión pública”, la “alarma social” o la “justicia ciudadana”, encubren prácticas similares en cuanto se pretende en definitiva sobrepasar el estado de Derecho y las garantías procesales con una inaceptable presión a los Tribunales de Justicia.
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago