En esta nueva entrega de Conversaciones Con Álvaro Lobato, magistrado del Juzgado de lo Mercantil N2 de Barcelona y Patrono de Fide, entrevista a Ignasi Fernández Senespleda, magistrado, acerca de su trayectoria pasando del sector privado al ámbito judicial, las diferencias entre el trabajo en el sector privado y el público, la formación jurídica en España, la politización o no del Consejo General del Poder Judicial y la situación actual en Cataluña.
En cuanto a las diferencias en la gestión del trabajo diario entre el sector privado y la administración de justicia, destaca la falta de incentivos en el ámbito funcionarial. No existen herramientas para la gestión efectiva del personal, ni recompensas como premios o bonificaciones, ni sanciones negativas como expedientes disciplinarios para quienes no cumplen su rol. Todo se confía a la buena voluntad y la profesionalidad de los empleados, lo que lleva a una gestión poco eficiente.
Respecto a la formación de los jueces en el ámbito mercantil, señala que, aunque existen grandes profesionales, el sistema judicial no favorece la especialización. Un abogado debe tener un alto grado de profesionalidad y especialización, mientras que un juez recién salido de la escuela judicial puede terminar en un juzgado mercantil enfrentándose a temas muy complejos.
Sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), menciona que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han sido condenados mientras estaban en el gobierno, y que se utiliza el concepto de politización de la justicia como un recurso instrumental por quienes pierden casos. Reconoce que el sistema es mejorable, especialmente ante el bloqueo de cinco años y medio, y propone una mayor objetividad en algunos nombramientos y una elección más consensuada de los vocales para “despolitizar el órgano.
En relación al activismo judicial o «lawfare», expresa su confianza en el sistema judicial español. Cree que, aunque puede haber resoluciones judiciales equivocadas, no considera que exista la intención de prevaricar.
Finalmente, sobre la situación en Cataluña, señala que el proceso independentista («el procés») ha sido gravemente negativo para la región, generando empobrecimiento institucional e inseguridad jurídica. Observa una pérdida de poder institucional que se manifiesta en problemas sociales como las ocupaciones de viviendas, vinculando esta degradación con los efectos del «procés».
