El pasado 12 de diciembre de 2023, la fundación Fide celebró la sesión titulada “Activismo en procesos de consulta pública y paralización de proyectos, ¿un riesgo gestionable?” en la que participaron como ponentes Inés García-Pintos Balbás, Of Counsel en Gabeiras&Asociados y Profesora Asociada en la UCM, asesora en sostenibilidad y finanzas sostenibles; Antonio Gomariz, Director de Crisis y Riesgos en Llorente y Cuenca, Líder de la práctica de Activismo y Licencia Social para Operar; Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y como moderador, Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director Bufete G. Iturmendi y Asociados, SLP. Consejero Académico de Fide.
La sesión comenzó con la intervención de Inés García-Pintos que nos puso en situación al hablar sobre cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza (llamados ASG o ESG en inglés) afectan al desarrollo de las empresas y sus negocios. Efectivamente, las empresas generan impactos sobre su entorno natural o social. Pero también el entorno genera, a su vez, impactos sobre los negocios vía riesgos adicionales sobre su actividad u oportunidades. Es la llamada doble materialidad de los factores ASG y los negocios.
Dado el tema que se aborda en la sesión de hoy, se puso como ejemplo el impacto que las cuestiones ambientales tienen sobre los negocios (sequías, aumento de las temperaturas, subida del nivel del mar en determinadas zonas, etc.). Efectivamente, estas cuestiones medioambientales afectan de manera determinante a muchas industrias y añaden riesgos a estas actividades económicas. Estas nuevas fuentes de riesgo para los negocios (¡y también oportunidades!) forman parte de las expectativas de los inversores sobre el desempeño de las empresas. De hecho, según el Estudio de mercado anual de Spainsif de 2023, los temas incluidos en las conversaciones que tienen los inversores con las empresas a lo largo del año (engagement) son, entre otros: los planes de transición climática, derechos humanos, diversidad e igualdad de género, derechos laborales, etc.
Además de condicionar las expectativas de los inversores sobre el desempeño de las empresas, los factores ASG tienen un impacto muy significativo sobre la reputación de las empresas y su relación con sus grupos de interés.
Una vez establecidas estas premisas, Antonio Gomariz nos contextualizó al plantear a los participantes acerca de las «comodidades» contemporáneas que todos apreciamos: ¿deseamos contar con energía limpia y sin emisiones en nuestros hogares, alimentos seguros y de calidad, baterías duraderas para dispositivos móviles y vehículos eléctricos, así como viviendas en entornos naturales? Todos anhelamos estas condiciones, pero para disfrutar de ellas son indispensables infraestructuras como parques eólicos, paneles solares, instalaciones de producción agrícola, granjas, importación y transformación de petróleo, y la realización de procesos urbanísticos para tener viviendas en plena naturaleza, entre otros. Sin embargo, la implementación de tales proyectos suscita desacuerdos. Al presentar un plan con estas características, más allá de obtener las autorizaciones legales y cumplir con la normativa, es crucial contar con una licencia social para operar, dado que fácilmente pueden surgir conflictos con grupos sociales que, por motivos válidos y legítimos, se oponen al desarrollo de ciertos procesos.
Estos proyectos comparten características comunes, como su carácter estratégico, donde el éxito de obtener o no una licencia social depende de la gestión de la compañía o del modelo de negocio, y el riesgo de sufrir daños reputacionales debido a la percepción de un impacto negativo que puede generar resistencia por parte de algunos grupos y un temor al abandono de los proyectos.
La definición del proyecto incluye identificar puntos críticos, como gestión de residuos y transporte, evaluando su impacto en medio ambiente, economía y legislación, así como en los grupos de interés. Durante esta fase, emerge la confrontación en la lucha por la narrativa para alcanzar objetivos deseados. A pesar del cumplimiento de requisitos legales, la decisión política a menudo se fundamenta en el temor a perder poder.
La gestión de la relación con grupos políticos, sociales y medios, lo cual es esencial. Lo ideal es anticiparse, pero a veces, cuando se aborda un caso, el proyecto está avanzado. La gestión en este punto es costosa y la experiencia muestra que el riesgo cero no es posible; sin embargo, se puede realizar una gestión preventiva y reactiva ante el riesgo existente.
El debate fue muy participativo, donde se propusieron ejemplos y tácticas para aplicar. Un punto que se destacó es que, una parte de la clave para que estos proyectos salgan adelante es identificar muy bien la motivación de los grupos opositores; preparar una buena argumentación, no para hacerles cambiar de opinión, sino que se reduzca la capacidad de impacto sobre los que están neutrales o a favor para que haya un equilibrio de fuerzas y trabajar en el largo plazo.
