Ante la imposibilidad de celebrar este día con un evento presencial, en FIDE hemos lanzado una iniciativa solidaria de recaudación de fondos con el fin de ayudar a las personas con discapacidad intelectual que quieren acceder al mundo jurídico y tienen dificultades económicas para ello.
En un momento de transformación e incertidumbre social, laboral y económica como el que vivimos actualmente, queremos reivindicar la importancia de la formación académica para todas las personas, y el papel clave de la diversidad en los entornos profesionales.
Las estadísticas oficiales demuestran que el 54% de los estudiantes con discapacidad escoge la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con una clara preferencia por la carrera de Derecho. Cabe puntualizar que, si bien es cierto que el número de estudiantes con discapacidad ha ido en aumento en los últimos años (hasta 22.818 en 2019), su tasa de abandono ha sido siempre superior. Este colectivo muestra además una clara preferencia por la modalidad a distancia, lo cual pone de manifiesto la necesidad de dotar a las universidades de recursos necesarios para garantizar su plena inclusión. En la modalidad presencial, un 51.5% de los estudiantes universitarios con discapacidad manifiesta haber encontrado barreras de acceso durante sus estudios (reserva de asientos, accesibilidad de las aulas, intérpretes de lengua de signos, etc.) y casi un 80% ha mostrado preocupación por otro tipo de factores inclusivos (vida social, deporte adaptado, trabajos grupales, etc.) Algunas de las conclusiones que de aquí se desprenden son:
- La necesidad de adaptar el entorno universitario, revisando las áreas de mejora que puedan cambiar la tendencia en cuanto al abandono prematuro de los estudios o la no elección del entorno presencial, pues esto podría tener un impacto muy positivo en las habilidades sociales y personales que ayudarán a su posterior desempeño laboral.
- Tanto el número como el perfil de los estudiantes de Derecho con discapacidad parecen invitar al sector de la abogacía a adaptar sus puestos de trabajo a la profesionalidad que este colectivo pueda ofrecer.
Por este motivo, desde el grupo de trabajo de buenas prácticas en los despachos en materia de discapacidad hemos puesto en marcha una colaboración con el Título Propio de Asistente Jurídico, ofrecido por primera vez este año por la URJC y la Fundación Esfera, con la que pretendemos:
- Recaudar fondos para ayudar a que las personas con dificultades económicas que cumplan el perfil y los requisitos de acceso puedan estudiar.
- Coordinarnos con la dirección del Título Propio para intentar que los estudiantes reciban una formación lo más adecuada posible a las necesidades reales de los Despachos.
- Ofrecer a los estudiantes con discapacidad la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en un entorno inclusivo, avanzando hacia una verdadera integración social y hacia su crecimiento laboral y personal.
