Las ideas fuerza y medidas laborales del nuevo Gobierno de coalición.
Después de un largo periodo de 5 años de atonía laboral y ausencia de reformas que han acompañado por inercia una etapa sostenida de crecimiento económico y de empleo se abre una nueva etapa con el primer Gobierno de coalición en la que son necesarias nuevas reformas que van a provocar importantes conflictos de interés y resistencias entre los que se sienten perjudicados y que, idealmente, deberían ser refrendadas, de manera equilibrada, desde el dialogo social con patronal y sindicatos. En efecto, como así se incluye en los programas electoralespublicados por elPSOE y por UNIDAS PODEMOS para las elecciones del 10 de noviembre y el documento firmado el pasado 30 de diciembre por los líderes de ambos partidos políticos en el nuevo Gobierno en España a nivel estatal muchas van a ser las novedades en materia laboral en los próximos 4 años de legislatura. Se abre una etapa de 1400 días y probablemente un periodo de dos velocidades ya que en una primera fase podrían llegar novedades referidas a un nuevo incremento del SMI, la vuelta a la primacía de los convenios de sector sobre los convenios de empresa y la recuperación de la ultra actividad de los convenios. Se espera una segunda fase intensa con otras cuestiones de calado que podrán traer la recuperación de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo y el reforzamiento del papel de la Inspección de Trabajo en el control de las relaciones laborales así como la redefinición de las causas que pueden justificar medidas de flexibilidad externa e interna incluyendo cambios en la regulación de las modificaciones sustanciales y del descuelgue laboral para conseguir un mayor poder de negociación de los sindicatos y de los trabajadores.
El eje prioritario de actuación del nuevo Gobierno según los documentos elaborados por el PSOE y UNIDAS PODEMOS es la consolidación del crecimiento y la creación de empleo, así como la lucha contra la precariedad del mercado laboral y la garantía de un trabajo digno, estable y de calidad. Junto a ello, se prevé el blindaje de las pensiones, asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de vida, así como el establecimiento de políticas feministas, entre las que destaca la mención de la elaboración de una Ley de igualdad laboral.
Las principales ideas fuerza de la agenda laboral 2020 que propone el nuevo Gobierno son cuatro:
- mayor intervencionismo público con un mayor peso de los principios de causalidad y proporcionalidad en varias instituciones laborales y mayor protección de los derechos de los trabajadores en relación a medidas de flexibilidad externas o internas de las empresas limitando las capacidades de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y eliminado o restringiendo la posibilidad de despidos por absentismo;
- mayor sindicalización de las relaciones laborales y recuperación de mayor poder de los sindicatos en la negociación colectiva y ampliación de derechos de la RLT en muchas materias;
- mayor protección de los trabajadores más débiles con incremento de su poder adquisitivo (salarios) y derechos pensionables y freno a posibles espacios de discriminación o fraude laboral (falsos autónomos; becarios; contratación temporal y a tiempo parcial; derechos de conciliación; etc.);
- un posible incremento de costes laborales y fiscales para las empresas derivados del incremento del SMI y su impacto en estructuras retributivas en complementos o beneficios sociales indexados al SMI y, en su caso, como consecuencia de modificaciones en las cotizaciones sociales (destope y eliminación de reducciones/bonificaciones).
Las principales novedades laborales anunciadas serán las siguientes:
- Derogación de la reforma laboral
El acuerdo de 30 de diciembre contempla derogar la reforma laboral de 2012 (no se aclara si total o parcialmente), si bien no se llega a querer derogar la reforma realizada por el gobierno de Zapatero en 2010, como proponía UP en su programa electoral, y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Particularmente se quiere recuperar el papel crucial de la negociación colectiva, reforzando la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas.
En este ámbito, el acuerdo recoge una serie de medidas: (i) Restablecimiento de la «ultra actividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya; (ii) Prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal; (iii) Derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; (iv) Limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa y (v) Revisión de la regulación del despido para establecer una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción justifican el despido objetivo.En el acuerdo no se ha incluido explícitamente la recuperación de la autorización administrativa y un reforzamiento del papel de la Inspección de Trabajo en la intervención pública del control de las causas y la proporcionalidad con las medidas propuestas por las empresas en expedientes de regulación de empleo, pero no es descartable novedades en esta dirección que han sido solicitadas por los sindicatos mayoritarios al Gobierno.
- Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
Respecto al SMI, el PSOE preveía aumentar gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa, hasta situarlo en el 60% del salario medio (entre 1.000 y 1.200 euros/mes según las estimaciones), mientras que UP proponía en su programa electoral alcanzar un SMI de 1.200 euros en la próxima legislatura. El acuerdo de 30 de diciembre sigue la medida del programa electoral del PSOE, la cual produciría colateralmente una elevación de los costes laborales directos y por seguridad social. Además, el PSOE propone el establecimiento de un SMI europeo y un seguro europeo de desempleo. El punto de partida es el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, que situó el SMI para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario sea por días o por meses.
Finalmente, el Gobierno aprobó el pasado 21 de enero una subida moderada de 50 euros/mes con efectos retroactivos de 1 de enero y que alcanza ya a 950 euros/mes en 14 pagas y que afectará a 2 millones de trabajadores.
- Subcontratación
El acuerdo finalmente alcanzado recoge una propuesta de UP que plantea modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Aunque en el acuerdo no se contempla que cuando la subcontratación esté justificada, los trabajadoras y trabajadores tengan las mismas condiciones que las de la empresa matriz. No se aclara si la nueva regulación incluirá una definición de “actividad principal” y si será restrictiva o extensiva y, en su caso, estará vinculada al criterio de completar el ciclo productivo de la actividad principal o al criterio de la inherencia. El impacto de esta medida laboral en el empleo dependerá del alcance de la prohibición de subcontratación de actividades productivas propias de la actividad principal y del concepto legal de actividad principal. Algunas posibles pistas de la nueva normativa de subcontratación pueden estar en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista registrada (BOC 9.09.2016) y puede que suponga una recomposición de plantillas internas y talento externo subcontratado en muchos sectores y compañías y un posible y significativo incremento del coste de la subcontratación.
- Seguridad social y pensiones
Respecto a las pensiones, el acuerdo sigue el programa electoral del PSOE, y persigue promover un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándose conforme al IPC real y aumentando el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas, así como reducir la brecha de género en las pensiones y revisar las pensiones de viudedad. También se recogen propuestas de UP, como establecer la actualización por ley de las pensiones al IPC o derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones. No obstante, no se llega al planteamiento del programa de UP de incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas a partir de un suelo de 750 euros. También se habla de un ingreso mínimo vital, aunque no de una renta pública universal.
No se contempla en el acuerdo una medida muy relevante propuesta por UP en su programa, consistente en que las personas que hayan cotizado al menos 35 años puedan jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones, y aplicar dicha medida de forma retroactiva. Tampoco otras como la eliminación de los topes de cotización, así como de los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados lo que podría tener un impacto económico muy relevante en los costes de las empresas y en empleo.
No se contempla en el acuerdo la medida solicitada por los sindicatos de que los trabajadores puedan elegir el tramo de periodo de carencia a tener en cuenta para el cálculo de su pensión para no penalizar a los trabajadores prejubilados o que pierden su empleo a partir de los 50 o más años de edad.
En cuanto a la financiación de las pensiones, el acuerdo se limita a decir, vagamente, que “se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural”. Y, por otro lado, se propone revisar las bonificaciones existentes a la contratación con el objetivo de reducirlas. Nada se dice de la mochila austriaca (que cuenta con seria oposición de los sindicatos) ni de experiencias de éxito del Derecho Comparado (i.e. Reino Unido) relativas a la incentivación de planes privados de pensiones que ayuden a completar las pensiones públicas en el futuro.
- Jornada laboral
El PSOE contempla en el marco del diálogo social desarrollar medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de todos los trabajadores y trabajadoras.
En relación con la jornada laboral conviene no olvidar que, bajo el último gobierno del PSOE, ya se aprobó el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, en el que se reguló la obligación de registro de jornada para todas las empresas y trabajadores (salvo las situaciones de relaciones laborales especiales) y es de esperar el reforzamiento de la campaña de Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de la normativa.
UP defiende una jornada laboral de 34 horas semanales, con una jornada de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario, protección de tiempo de desconexión del trabajo y flexibilización de los horarios junto con el teletrabajo.
Respecto a las horas extra, UP recoge, aunque la normativa ya lo exige, que será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener acceso a estos datos y se garantice que se pagan.
Frente a estos programas electorales, el acuerdo de 30 de diciembre no contiene una limitación horaria de la jornada laboral, pero sí la voluntad de promover un pacto político y social por la racionalización de los horarios para reorganizar los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, paralelamente a la regulación del nuevo derecho a la desconexión. También el derecho de adaptación de la jornada de trabajo para personas trabajadoras con hijos menores de 12 años, lo que ya está incluido en la normativa.
