El sistema de ERTE por el Covid-19, tanto por fuerza mayor (FM), como por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas (ETOP), tiene una protección social por desempleo reforzada y, en muchos casos, cuotas sociales empresariales exoneradas, vinculadas a la cláusula de mantenimiento de empleo de seis meses tras el inicio de actividad (Decretos-Ley 8 y 30/2020).
Es un sistema, por tanto, con una gran financiación pública que ha permitido, en diferentes etapas de la pandemia, amortiguar los costes laborales de las empresas ante paralizaciones, restricciones o profundas disminuciones de la actividad económica. Las empresas han podido externalizar estos costes hacia la Seguridad Social, con suspensiones contractuales y reducciones de jornada durante el ERTE (FM o ETOP), por la vía, en muchos casos, de exoneración de cuotas y, en todos, de sustitución de salarios por prestaciones de desempleo. En la actualidad se estima que en torno a 750.000 trabajadores están bajo la cobertura de un ERTE Covid-19 y que el coste mensual para el Estado, desde marzo, está entre 4.500 y 5.000 millones de euros…..
La alta financiación pública de esta flexiseguridad laboral, que ha permitido contener el empleo con enorme eficacia, en una caída profunda e inédita del PIB, va conexa a un contundente régimen jurídico sancionador y antifraude contra empresas incumplidoras (DF 9ª y 3ª Decreto-Ley 15/2020).
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CincoDías: ¿Qué hacemos con los ERTE si funcionan como ‘jaulas de oro’? (30 Dic. 2020)
Jesús Lahera Forteza
Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Complutense y consultor de Abdón Pedrajas. Miembro del Gabinete de Crisis laboral Covid de Fide y del Grupo de Trabajo Pensiones.
Artículo relacionado con la sesión «ERTE fraudulentos y COVID 19: obligaciones empresariales, posibles incumplimientos y sanciones » que tuvo lugar el pasado jueves 17 de Diciembre de 2020.
