Ha pasado un mes desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el programa “Privacy Shield” que había sustituido al programa “Safe Harbor” -también invalidado por el Tribunal de Justicia en octubre de 2015- debido, en ambos casos, a las denuncias del activista de la privacidad austríaco Max Schrems (casos Schrems vs Facebook Ireland conocidos como Schrems I y Schrems II).
Como es sabido, tanto el Privacy Shield como su predecesor el Safe Harbor, diseñados por la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de Estados Unidos eran uno de los mecanismos existentes para permitir llevar a cabo transferencias de datos personales transatlánticas a las empresas adheridas al mismo (actualmente el programa cuenta con más de 5.000 empresas) ya que hoy por hoy Europa no considera que Estados Unidos ofrezca un nivel de protección equiparable al europeo en materia de protección de datos.
Las denuncias de Schrems empezaron, cuando a raíz de las revelaciones de Snowden, el austriaco pidió a Facebook que no transfiriese sus datos a su casa matriz en Estados Unidos ya que, según él -y así lo ha estimado también el alto tribunal europeo de nuevo- el sistema jurídico y las prácticas de los “programas espía” y actividades de vigilancia llevadas a cabo por autoridades norteamericanas como la National Security Agency (NSA) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) no garantizan una protección suficiente de los datos personales transferidos. Entre los argumentos que realiza el tribunal de Luxemburgo está el reproche de que los programas de vigilancia norteamericanos como PRISM o Upstream basados en el artículo 702 de la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) y las Órdenes Ejecutivas del Presidente al respecto si bien respetan determinadas garantías no ofrecen a los ciudadanos europeos cuyos datos han sido objeto de transferencia derechos que puedan hacer valer ante los tribunales como exige la normativa europea y su Carta de Derechos.
El Secretario de Estado de Comercio americano Wilbur Ross reaccionó inmediatamente al conocerse la sentencia ya que, en sus palabras, no solo están en juego los 7.1 trillones de dólares que conlleva el comercio transatlántico sino la necesidad que los intercambios de datos tienen para los ciudadanos, empresas y gobiernos en esta época de pandemia especialmente ya que el programa Privacy Shield no sólo ayudaba a transferir datos a las empresas tecnológicas sino a laboratorios, empresas de gran consumo e industriales y un largo etc. El pasado 10 de agosto volvió a lanzar un comunicado conjunto con el Consejero europeo de Justicia anunciando la voluntad de lanzar un nuevo programa que cumpla con las exigencias de la sentencia y permita continuar con el intercambio transatlántico de datos con todas las garantías legales ante lo crítico de dichos intercambios para los 800 millones de ciudadanos de ambos lados del Atlántico.
Mientras, el lunes 17 de agosto Schrems anunciaba – a través de su organización NOYB (None of Your Business) de la que ha hecho su modus vivendi- su campaña de 101 quejas (con ilustración de los 101 dálmatas de Disney incluida) . El austriaco ha presentado reclamaciones ante todas la autoridades de protección de datos europeas contra 101 web europeas además de contra Google y Facebook ya que pese a “su sentencia” (Schrems II) esas web siguen usando Google Analytics o Facebook Connect y transfiriendo datos a Estados Unidos. Entre las empresas españolas denunciadas se encuentran la Real Academia Española, edreams o El País de los juegos-Poki.
Pero más allá del tremendo embrollo jurídico que ha generado la sentencia de Luxemburgo y la imperiosa necesidad de no paralizar las transferencias de datos transatlánticas sus consecuencias geopolíticas y económicas tienen también un importante impacto en la “guerra fría” tecnológica en la que está inmerso Washington. Así, con Estados Unidos sentenciado de poco menos que de Estado “espía” y poco garantista de los derechos fundamentales por el tribunal de Justicia europeo, su actual presidencia se queda con pocos argumentos para poder seguir con el boicot que estaba realizando a Huawei y con sus presiones a los Estados europeos para que la multinacional china pueda ser uno de los suministradores del futuro 5G europeo ante las sospechas -hoy por hoy infundadas- de que esta empresa colabora, con el espionaje chino.
Mientras ocurre este nuevo episodio de “espías entre amigos” -parafraseando el título de la excelente novela de Ben Macintyre-, Schrems se descubre realmente como la Cruella de Vil egocéntrica y fanática de los abrigos de piel de animales considerando que lo que busca que esos 101 “dálmatas” sean ahora sancionados. Esperemos que los reguladores y los tribunales sean capaces de discernir entre los buenos y los malos y no se olviden del impacto que estas decisiones tienen para los ciudadanos, el comercio transatlántico y nuestras maltrechas economías.
Este artículo fue primeramente publicado por Expansión (21/08/20)
https://www.expansion.com/opinion/2020/08/21/5f3fb040e5fdeafb078b4588.html
© Javier Fernández-Samaniego, 2020
Socio Director. SAMANIEGO Law.
