Christopher Muttukumaru, exdirector de servicios jurídicos del Departamento de Transporte del Reino Unido y miembro del Consejo Académico de FIDE se pregunta en un reciente artículo [1] si habrá una investigación pública sobre cómo el gobierno británico ha gestionado la crisis del coronavirus. Muttukumaru sostiene que lo más probable es que solo una investigación pública independiente (“independent inquiry“) sea el medio creíble para responder a todas las cuestiones que han surgido sobre la gestión de la pandemia del coronavirus.
Frente a lo que ocurre en España donde las comisiones de investigación se incardinan en el ámbito de las labores parlamentarias [2] y no son ajenas a la controversia política [3], el propósito de la investigación pública independiente en el Reino Unido, como explica Muttukumaru, es el de establecer de un modo imparcial las causas y circunstancias de cuestiones de grave preocupación pública sin que se prejuzguen responsabilidades algunas. Son varios los ejemplos en la historia reciente en que el Reino Unido ha enfrentado situaciones de preocupación pública que han resultado en investigaciones independientes. Estas investigaciones se amparan en normas sectoriales específicas o tienen cobertura en normas generales como la Inquiries Act de 2005 aunque también es posible crearlas “ad hoc”, como ocurrió con la investigación Scott (Scott Inquiry).
En noviembre de 1992 la oposición política y la presión de la opinión pública forzaron al entonces Primer Ministro del Reino Unido, John Major, a anunciar una investigación independiente dirigida por el juez Richard Scott sobre la exportación de material de defensa y tecnología de doble uso a Irak entre diciembre de 1984 y agosto de 1990 por la que resultaron perseguidos tres ejecutivos de la empresa Matrix Churchill por contravenir las regulaciones en materia de control de exportaciones. La investigación independiente se puso en marcha porque existía la sospecha de que algunos ministros y altos funcionarios habrían conspirado para incumplir las propias directrices del Gobierno británico en materia de control de exportaciones con el fin de alimentar la maquinaria de guerra iraquí, de que algunos ministros habían mentido al Parlamento y habían permitido la persecución de los ejecutivos de Matrix Churchill como medio para protegerse y que habían evitado la revelación pública de documentos para obstaculizar la acción de la justicia.
Lo más relevante de esas investigaciones públicas es que, con carácter general, están presididas por jueces independientes aunque su finalidad es identificar lo que no se ha hecho bien con el fin de centrar sus esfuerzos en delimitar las lecciones que hay que aprender para que las futuras tomas de decisiones puedan evitar los mismos problemas y, por tanto, mejore la administración pública. Otra ventaja de la investigación independiente es que el Gobierno puede soslayar la crítica hasta que la investigación independiente concluya sus trabajos. El riesgo, sin embargo, estriba en que con frecuencia resulta muy difícil evitar el clamor público para que se deduzcan responsabilidades una vez que se pone en marcha una investigación independiente.
En España no han faltado comisiones de investigación. El resultado ha sido no tanto aprender de los errores para evitarlos como identificar culpables y alimentar el debate político. Un editorial de “El País” de 13 de junio de 1982 con ocasión del debate parlamentario sobre la colza [4] (síndrome tóxico por el consumo de aceite de colza desnaturalizado no apto para el consumo humano) apuntaba ya entonces que “la cuestión realmente sustantiva era conocer las conclusiones de la encuesta de la Comisión Mixta Parlamentaria que ha encontrado, según testimonio de una serie de diputados y senadores, muy pocas facilidades y abundantes obstáculos por parte de gobernantes y funcionarios“. Y añadía “los trabajos de la Comisión, pese a las restricciones de que han sido objeto en las áreas gubernamentales y del escaso entusiasmo institucional que los ha animado, no hacen sino confirmar las cuantiosas dosis de negligencia y ocultamiento que han rodeado a una hecatombe nacional que ha producido cientos de muertos (…) El informe pone de relieve la lentitud del poder ejecutivo para poner en marcha un plan de asistencia sanitaria y los fallos de coordinación y dirección de su realización. La investigación sobre las causas y la característica de la enfermedad también ha presentado omisiones y defectos”.
Aunque pudiera prosperar en España una comisión independiente presidida por un magistrado de prestigio para llevar a cabo una investigación desapasionada e imparcial de las causas y de los errores en la gestión de la pandemia del COVID-19 con el fin de hacer más eficiente la respuesta de la Administración en el futuro, es más que probable que sus trabajos terminarían siendo objeto de escrutinio en la opinión pública, se producirían inevitables filtraciones e intentos de interferencias por las partes interesadas en desdibujar las conclusiones y devendría finalmente combustible para el debate político, para la identificación de responsables y para el reparto de culpas. Lo que dejaría descolorido el propósito de aprender de los errores puesto que –es lo más probable- no habría nadie dispuesto a asumirlos.
[1] https://www.fidefundacion.es/Coronavirus-in-the-UK-will-there-be-an-independent-public-inquiry-into-the-UK-Government-s-handling-of-the-Coronavirus_a1292.html[2] Artículo 52.1 Reglamento del Congreso de los Diputados: “El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público.”
[3] “El PP exige la primera comisión de investigación sobre el coronavirus en Castilla-La Mancha. El PSOE tacha de “ruindad” que los populares pidan en pleno apogeo de la pandemia esos trabajos en el Parlamento manchego”. https://elpais.com/espana/2020-04-16/el-pp-exige-la-primera-comision-de-investigacion-sobre-el-coronavirus-en-castilla-la-mancha.html[4] “El Debate de la Colza” https://elpais.com/diario/1982/06/13/opinion/392767209_850215.html
Hermenegildo Altozano
Socio responsable de la práctica de energía y recursos naturales de la oficina de Madrid de Bird&Bird. Anteriormente ha sido socio en Hogan Lovells y en Eversheds Lupicinio. Entre 1994 y 1996 trabajó la firma de abogados de Houston (Texas) Bracewell & Patterson. Participa habitualmente en la tertulia “Capital” de Capital Radio (105.7 FM). Miembro del Consejo Académico de FIDE.
