La pregunta, así formulada, contiene ya un error de planteamiento al presuponer que la abogacía es una función homogénea que puede sustituirse en bloque cuando, en realidad, es una amalgama de tareas de naturalezas radicalmente distintas, unas mecánicamente algoritimizables y otras irreductiblemente humanas. Lo que la irrupción de la IA está haciendo no es sustituir esa amalgama, sino disolverla, separando sus componentes con una nitidez que el propio ejercicio profesional nunca había exigido. La revisión masiva de documentos, la due diligence, la redacción de contratos estándar, la búsqueda jurisprudencial, la predicción estadística de resultados procesales: todo eso caerá, está cayendo ya, en el terreno de la máquina, porque es trabajo de patrón, y el patrón es precisamente lo que un modelo entrenado con millones de ejemplos reconoce mejor que cualquier asociado de segundo año. Pero hay un residuo que no cede, y conviene preguntarse por qué no cede, porque la respuesta no es meramente técnica ni transitoria, sino que toca la estructura misma de lo jurídico.
El derecho, a diferencia de lo que cree el sentido común ingenuo, no es un sistema cerrado de reglas que se aplican mecánicamente a los hechos. Es un lenguaje natural cargado de conceptos deliberadamente indeterminados —razonabilidad, buena fe, culpa, gravedad— cuyo significado no preexiste al caso, sino que se construye en el acto mismo de juzgar, con criterios moldeados por la experiencia y por una doctrina que discute consigo misma sin cesar. No hay algoritmo posible para eso, y no porque la potencia de cómputo sea insuficiente, sino porque el objeto carece de la estabilidad ontológica que todo algoritmo presupone. La jurisprudencia se contradice entre tribunales del mismo nivel (por eso existe el recurso de casación para la unificación de doctrina), los tribunales superiores se contradicen a sí mismos con el tiempo, y una respuesta jurídica correcta hoy puede ser errónea dentro de dos años. Un modelo entrenado con el pasado tiene, por construcción, una mirada retrospectiva, mientras que el derecho avanza —cuando avanza— de manera impredecible, a saltos, empujado por casos que nadie había anticipado. Ahí reside la paradoja de fondo: cuanto más valioso es un asunto para un abogado, más resistente resulta a la IA, porque los casos que aportan verdadero valor son exactamente los que presentan hechos novedosos, doctrina no consolidada o lagunas normativas; es decir, los que viven en la zona de mayor incertidumbre, que es también la zona donde el modelo estadístico es menos fiable.
Cuando la ley calla, cuando no hay norma clara, lo que se le exige al jurista no es recuperar información sino razonar en condiciones de incertidumbre radical: construir un argumento desde la analogía, desde los principios generales, desde la intención legislativa o el derecho comparado. Eso es un acto creativo, no un acto de búsqueda, y la diferencia entre ambos es exactamente la diferencia entre lo que la IA hace bien y lo que todavía no sabe hacer. A eso hay que sumar dimensiones que ni siquiera son cognitivas: la responsabilidad profesional, el hecho brutal de que alguien tiene que firmar y responder con su colegiación y su patrimonio, cosa que ninguna máquina puede asumir; la relación de confianza con el cliente que, por ejemplo, en el derecho laboral tiene un componente emocional irreductible, porque detrás de cada expediente hay una persona que teme perder su trabajo o una empresa que teme perder su viabilidad; y la persuasión oral, la lectura del ambiente de una sala, la negociación cara a cara de un convenio colectivo, que son actos profundamente intersubjetivos y no meros intercambios de información.
El escenario más probable, por tanto, no es la sustitución sino la estratificación. La IA absorberá el trabajo de bajo valor y alta repetición, y los abogados que la integren bien multiplicarán su rendimiento de forma espectacular, mientras se destruye empleo en los segmentos más comoditizados —revisión documental en grandes despachos, tramitación masiva de litigios seriados—. Pero crecerá, en paralelo, la demanda de juristas capaces de supervisar, validar y complementar lo que la máquina produce, y sobre todo capaces de navegar la nueva incertidumbre jurídica que la propia IA genera, porque aquí aparece la paradoja última: la inteligencia artificial produce más complejidad jurídica de la que elimina. Así, el Reglamento UE sobre IA, la directiva sobre trabajo en plataformas, las obligaciones de auditoría algorítmica, los marcos de responsabilidad por los datos: todo eso exige abogados especializados, y del tal forma el derecho, fiel a su naturaleza, nunca se queda sin materia prima, porque cada tecnología que promete simplificar el mundo termina generando la incertidumbre normativa que hará falta interpretar mañana.
La verdadera amenaza, entonces, no es que la inteligencia artificial sustituya a los abogados, sino algo más preciso y más inquietante: que los abogados que sepan utilizarla sustituyan a los que no lo hagan, y que el acceso a la justicia empeore si la tecnología difunde la falsa impresión de que los problemas jurídicos son más sencillos de lo que en realidad son. La máquina puede resolver lo que ya está resuelto. Lo que sigue abierto —que es, al fin y al cabo, lo único verdaderamente jurídico— seguirá exigiendo un juicio humano que asuma el riesgo de equivocarse y firme con su nombre.
Román Gil Alburquerque. Socio de Sagardoy Abogados
Artículo publicado originalmente el en Blog de Fide en El Confidencial
