Foro Energía y Regulación

El pasado 23 de Febrero de 2021 celebramos en Fide una sesión del Foro de Energía y Regulación en la que se trató el asunto de la tramitación de proyectos energéticos.
La sesión contó con Fernando Calancha Marzana, Socio de PwC responsable del Departamento de Regulatorio y Derecho Público y Joaquín Suárez Saro, Director Servicio Jurídico de Regulación y Competencia EDP ESPAÑA como ponentes, y fue moderada por Mariano Bacigalupo Saggese, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide, quien dirige el Foro de Energía y Regulación junto a Hermenegildo Altozano, Socio responsable del área de energía y recursos naturales de Bird&Bird, Miembro del Consejo Académico de Fide y Luis Miguel Palancar, Head Structured & Project Finance Europe en BBVA Corporate & Investment Banking, Miembro del Consejo Académico de Fide.
El contenido de sesión giró sobre el análisis de las principales novedades que afectan a los procedimientos administrativos de tramitación de instalaciones introducidas por el Real Decreto-ley 23/2020 y desarrolladas principalmente en la normativa reglamentaria que regula el acceso y conexión (tanto el Real Decreto 1183/2020, como la Circular 1/2021 de la CNMC). Se realizó por los ponentes un recorrido sobre las principales novedades, se incidió en la relevancia en la regulación de los procedimientos como medio necesario para el cumplimiento del PNIEC, se destacó la importancia de las modificaciones en la regulación del acceso para introducir medidas que agilizan la tramitación de determinadas instalaciones (a título de ejemplo, los casos de hibridación, sobre potenciación o modificaciones no sustanciales) y, asimismo, se pudo hacer por ambos ponentes un recorrido sobre las principales virtudes y obstáculos en la interpretación y aplicación de la citada normativa.
Entre las medidas favorables se trajo a colación las nuevas condiciones que permiten a una instalación seguir amparada por los permisos de acceso y conexión originarios a pesar de haber sido sometida a determinadas modificaciones en su tecnología, capacidad de acceso o ubicación geográfica; se hizo referencia también a tres novedosas figuras de las que se espera una especial contribución al logro de los objetivos de transición justa: el almacenamiento, la agregación de demanda y las comunidades de energía renovable; y en este conjunto de medidas beneficiosas no se olvidaron de citar la deslegalización de los límites anuales de inversión en las redes. Como aspectos adversos, destacaron la prolongación de la moratoria de las solicitudes de acceso y conexión hasta que no se haga pública la capacidad de acceso a través de las plataformas que deben implantar los gestores de la red, o el plazo de tres meses que se ha concedido al organismo competente para validar la garantía económica que, a su vez, condiciona el inicio del procedimiento de acceso y conexión; la complejidad y el consiguiente retraso que se prevén por la concurrencia de los diferentes procesos que son necesarios hasta poner en servicio una instalación de bombeo; o diferir la firma del contrato técnico de acceso a que estén suscritos los correspondientes permisos que habiliten la conexión a la red y además se hayan obtenido las autorizaciones administrativas de la instalación de generación.