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Foro Energía y Regulación

El Foro de Energía de Energía y Regulación de FIDE es un foro multidisciplinar de alto nivel de seguimiento y debate de la actualidad regulatoria del sector energético desde las perspectivas jurídica, económica y técnica y en el que se dan cita profesionales cualificados del sector que desarrollan su actividad tanto en el ámbito público como privado y en la academia. 

Hermenegildo Altozano

Director.
Socio responsable de la práctica de energía y recursos naturales de la oficina de Madrid de Bird&Bird. Anteriormente ha sido socio en Hogan Lovells y en Eversheds Lupicinio. Entre 94-96 trabajó la firma de abogados de Houston (Texas) Bracewell & Patterson. Miembro del Consejo Académico de FIDE.

Mariano Bacigalupo Saggese

Director.
Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho de la UNED. Consejero, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Miembro del Consejo Académico de FIDE.

Luis Miguel Palancar

Director.
Head Structured & Project Finance Europe en BBVA Corporate & Investment Banking, liderando operaciones de asesoramiento financiero y estructuración de financiación de proyectos y adquisiciones.. Miembro del Consejo Académico de FIDE.

Publicaciones

Descubre todas las publicaciones, resúmenes de sesiones y demás documentos relacionados a la actividad de este foro:

13 de noviembre de 2019

  • Francisco Espinosa, Socio Director, Asociación de Consumidores de Electricidad, (ACE)
  • Pedro González, Director de Regulación, AELEC
  • Jorge Morales de Labra, Director General, Próxima Energía (GeoAtlanter)

 

Moderador: Íñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Almería

Resumen

El sistema energético evoluciona de acuerdo con los principios de descarbonización, digitalización y descentralización. Nos encaminamos hacia un sistema eléctrico completamente nuevo. La implantación de estos principios conferirá a los consumidores un papel nuevo y central en el sistema. Para alcanzar esos objetivos, las redes son un instrumento esencial, también porque se constituyen en plataformas para la realización de nuevos negocios. Toda regulación económica debe ser predecible y estable y debe respetar la seguridad jurídica. Esas exigencias tienen carácter máximo en el núcleo de la regulación, cual es el diseño e implementación de los marcos retributivos. Dada la complejidad del nuevo sistema tecnológico de la energía, la regulación debe tratar de adaptarse. Una adecuada retribución de las redes es imprescindible para que se lleve a cabo la necesaria inversión, sin la cual no se alcanzaran los ambiciosos objetivos establecidos en el Plan Nacional español integrado de Energía y Clima. Se trata de objetivos que superan, además, la media de los compromisos asumidos por otros Estados de la Unión Europea. Si no hay inversión en las redes será difícil que se integre en el sistema la generación mediante energías renovables, intermitente y no gestionable. La automatización de las redes implica la gestión de los flujos bidireccionales y la gestión de la demanda, algo inalcanzable sin suficiente inversión en innovación. Debe reconocerse que la implantación de unas redes inteligentes no significa necesariamente unos costes menores de la red. También la transición del gas requiere una adecuada retribución de las actividades de red, no sólo porque el papel que el gas cumple en el sistema eléctrico, como fuente más limpia y segura (manejable), sino porque la propia transición hacia los gases renovables requiere mucha inversión en innovación tecnológica. En la transición energética hay que gobernar para que todos los sectores y todos los sujetos implicados trabajen en la misma dirección. La transición será un fracaso si se deja fuera del proceso –directa o indirectamente- a alguno de los agentes del sector energético (del lado de la oferta o de la demanda). La transición necesita una cantidad ingente de inversión y las empresas sujetas a regulación económica obtienen su remuneración de una decisión pública. La determinación de la retribución de las redes mediante la fijación de unos peajes fue encomendada a principios del año 2019 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien hizo públicos hace unos meses unos borradores de Circulares. Esta circunstancia es una oportunidad para el establecimiento de metodologías claras y transparentes y para desarrollar una sana cultura regulatoria que implique a regulador y regulados en un diálogo continuo. El sistema institucional español tiene unos marcos de discusión que hay que ampliar y perfeccionar. En la actualidad son objeto de estudio las alegaciones presentadas por los interesados a los borradores de Circulares. En ese contexto, esta sesión trató de contribuir al debate social que las propuestas de peajes de las redes han generado.

7 de Septiembre 2020

Ponentes:

  • Joan Groizard, Director General IDEA
  • Rocío Sicre, Country Manager Spain en EDP

Moderador: Hermenegildo Altozano,Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide

Resumen

El sector energético y el país en su conjunto se encuentran en un momento clave, tanto por el marco normativo internacional y europeo en materia de energía y lucha contra el cambio climático, con el objetivo de neutralidad climática para 2050 sobre la mesa, como por la necesidad de activar en el corto plazo un proceso de reconstrucción económica que, según la evidencia, debe basarse en inversiones “verdes” si busca maximizar el retorno en actividad y empleo a corto plazo, a la vez que generar actividad compatible con los objetivos a medio y largo plazo.

A su vez, las energías renovables han visto una enorme evolución tecnológica en los últimos años, que en el caso de las tecnologías maduras permite que éstas sean la forma más económica de generar electricidad. Para garantizar la inversión en renovables en un mercado no diseñado, a priori, para tecnologías con elevada inversión inicial y bajos costes operativos como son las renovables, es necesario un marco que aporte previsibilidad en los ingresos y certidumbre en el medio plazo.

Por ello, se propone un nuevo marco de subastas que permite anticipar al consumidor los ahorros en la factura energética derivados de los costes de las renovables modernas, que incorpora diversos mecanismos de control para asegurar una adecuada competencia, minimizar los comportamientos que distorsionen el mercado y que busca, además, aprovechar el potencial efecto tractor sobre toda la cadena de valor industrial que suponen las renovables en nuestro país.

En todo caso, el Régimen Económico de las Energías Renovables se encuentra todavía en fase de desarrollo normativo, por lo que los informes preceptivos y las aportaciones de los distintos sectores pueden introducir mejoras y matices a lo descrito.

A continuación, Rocío Sicre hace una exposición sobre el impacto económico de las energías renovables, y sobre el PNIEC, de acuerdo con el cual se prevé, para el año 2030, una potencia total instalada en el sector eléctrico de 161 GW de los que 50 GW serán energía eólica; 39 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 9,5 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, además de 2.5 GW de almacenamiento, lo que permitirá alcanzar un 74% de generación renovable.

El coste de las renovables a día de hoy (en términos de LCOE) es el menor de todas las alternativas de generación y se espera que ambas tecnologías continúen bajando sus costes. Como resultado, desde el punto de vista del consumidor, integrar renovables permitiría tener un coste de la electricidad menor. Esto es especialmente relevante para los grandes consumidores, ya que podría ayudar a bajar su factura de la electricidad, a la vez que reducir su huella en carbono. De este modo, las renovables contribuyen a mejorar la competitividad de las industrias implantadas en España vs otros países y, en última instancia, atraer nuevas inversiones industriales o evitar la fuga de las existentes.

Sin embargo, para que esto se cumpla es necesario que las renovables cuenten con un marco regulatorio y de ingresos estable:

  • Por una parte, se debe contar con un calendario de subastas con visibilidad suficiente. El RDL 23/2020 establece las bases para las subastas, lo cual es muy positivo para el sector, pero es fundamental que además contemos con un calendario que permita tanto a fabricantes planificar su cadena productiva como a los desarrolladores su cartera de proyectos.
  • Por otra parte, el régimen remuneratorio otorgado debe permitir tener visibilidad sobre los ingresos (un CfD, como recomendado por las guidelines europeas, es lo preferible). De este modo, se puede acceder a unas buenas condiciones de financiación que resultan en un precio menor y por tanto en un ahorro mayor para los consumidores.

Por otro lado, las renovables contribuyen significativamente a la economía. Según el último anuario de la AEE, la eólica en España contribuye a 0.3% del PIB con 3,584 M€ y 24,000 personas empleadas, siendo el tercer país exportador del mundo, solo por detrás de Dinamarca y Alemania. Con las instalaciones de eólica que se prevén de aquí al final de la década, no sólo en España sino también en el resto de Europa, casi 130 GW según los planes nacionales, el sector eólico podrá seguir contribuyendo al desarrollo económico. Además cabe destacar que, en la coyuntura económica actual, la eólica y las renovables en general, por sus cortos tiempos de construcción, si cuentan con el marco regulatoria adecuado (acceso y conexión, subastas, etc.) pueden contribuir de forma sustancial a la reactivación de la economía.

Además, la integración de RES a los niveles definidos en el PNIEC hacen que sea necesario el desarrollo de otras tecnologías (baterías, hidrógeno, etc.) que todavía están en una fase más prematura pero que podrían suponer un nuevo sector industrial tal y como vemos la eólica a día de hoy.

3 de noviembre de 2020

Ponentes:

  • Jaime Almenar, Socio en el área de Derecho Público de Clifford Chance

  • Pedro González González, Director de Regulación de AELEC.

Moderador: Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y miembro del Consejo Académico de Fide

Resumen

abrió el debate Jaime Almenar, aludiendo a la próxima aprobación de la normativa de desarrollo del artículo 33 de la LSE mediante un Real Decreto y una Circular de la CNMC, la cual no contempla todavía el desarrollo del régimen del acceso y conexión de los consumidores y distribuidoras.

Las principales ideas de los proyectos normativos en tramitación son:

  1. Se unifican en un solo procedimiento los permisos de acceso y conexión, que se solicitarán de manera conjunta ante el gestor de la red a la que se quiere conectar la instalación.
  2. Se simplifican y esclarecen también los trámites para la concesión del acceso y la conexión, a la vez que se reducen los plazos para su otorgamiento.
  3. Se consolida el criterio de la prelación temporal para la ordenación de las solicitudes de acceso, cuando se trata de solicitudes presentadas en diferentes días, pero se introducen importantes excepciones. Así, las solicitudes presentadas en el mismo día no se ordenarán en función de la hora de presentación de la solicitud y de su documentación anexa completa, sino en función de la fecha de presentación a la Administración competente del resguardo acreditativo de la constitución de la garantía. También como excepción al principio de prelación temporal, el Ministerio para la Transición Ecológica se reserva el derecho a convocar discrecionalmente concursos para el otorgamiento de la nueva capacidad de acceso, cuando aparezca capacidad de acceso excedentaria en algún nudo. Asimismo, y para favorecer la hibridación de las instalaciones que ya cuentan con permisos de acceso, se les autoriza a utilizar la misma conexión, siempre que cumplan determinados requisitos, sin pedir un nuevo acceso. Por último, se prevé una segunda oportunidad para los permisos de acceso otorgados antes de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, cuando no hayan podido contar con el acta de puesta en marcha antes del 21 de agosto pasado, a cambio de cumplir requisitos bastante gravosos. Esta segunda oportunidad permitirá a los titulares de estas instalaciones obtener un nuevo acceso sin someterse a la regla de la prelación temporal.
  4. Se suprime la figura del Interlocutor Único del Nudo, aunque se mantendrá transitoriamente en aquellos nudos en que ya exista.
  5. Se regulan los convenios de resarcimiento para la compensación por los nuevos usuarios del coste de las infraestructuras necesarias para la efectividad de la conexión a la red.

A continuación, Pedro González realiza una exposición acerca de cómo el PNIEC introduce en sus objetivos todos los cambios de paradigma a los que se enfrenta el sector.

La importancia del acceso y conexión a las redes eléctricas está plenamente motivada por los importantes retos que afronta el sector eléctrico, con objetivos ambiciosos ya a 2030, que consolidarán las transformaciones que se van a producir; con una generación principalmente renovable que puede hibridarse entre tecnologías, combinando elementos de almacenamiento, y con unos consumidores más activos que ya no serán sólo consumidores, lo que complicará la gestión de las redes notablemente al tener que gestionar capacidades variables en generación y consumo, especialmente en la red de distribución.

Por todo ello, la normativa sobre acceso y conexión tiene el reto de maximizar la integración de las renovables, asegurando al suministro en todo momento, e introduciendo racionalidad en las solicitudes por la gran acumulación existente hasta la fecha. El proyecto de Real Decreto y la propuesta de Circular componen el marco normativo que avanza en la simplificación de la tramitación, pero que tiene algunos aspectos susceptibles de modificación – objeto de comentarios por parte de aelēc – como la posibilidad de que las solicitudes sean aceptadas con condiciones de refuerzo de red, la necesidad de reducir la incertidumbre sobre las restricciones temporales en el acceso o en los concursos de capacidad o la de racionalizar los plazos de adaptación de los sistemas y los portales web o de tramitación de las solicitudes. Además, es preciso determinar un procedimiento de cálculo de la capacidad para la red de distribución que se ajuste a las especificidades de la red.

21 de Enero de 2020

Ponentes:

  • Ismael Bahillo, Subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

  • Luis Blanco, Director comercial de Gestión de la Energía de ACCIONA.

Moderador: Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird y miembro del Consejo Académico de Fide.

Resumen

La sesión versó sobre la protección del consumidor energético: cambios de comercializador y factura electrónica e intervino en primer lugar Ismael Bahillo, describiendo el marco regulatorio en materia de protección al consumidor de energía tanto a nivel de normativa de consumo, como normativa sectorial o directivas del mercado interior de la electricidad y del gas.

A continuación analizó los principales resultados en materia de cambio de comercializador tanto en el sector eléctrico como en el sector gasista: tasas de cambio de comercializador agregadas y por segmentos de mercado; tiempos medios de activación del cambio; cambios entre tarifa regulada y precios libremente pactados con el comercializador; fidelización entre comercializadora regulada y libre del mismo grupo empresarial; fidelización entre el distribuidor y comercializadoras del mismo grupo empresarial, etc. Recoge asimismo los aspectos más destacados y las propuestas normativas efectuadas por la CNMC en su reciente Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad.

El ponente continúa mostrando la visión que los consumidores tienen acerca del sector energético a través de las opiniones manifestadas por las principales asociaciones de consumidores, los resultados del panel de hogares elaborado por la CNMC o a nivel internacional, el “Consumer’s Market Scoreboard” de la Comisión Europea. También a nivel internacional se hace referencia a la Visión 2030 para el consumidor energético del Consejero de Reguladores Europeo de la Energía (CEER) y la organización europea de consumidores (BEUC).

Esta primera presentación concluye que el marco europeo establecido primero a través del Paquete de Energía Limpia en 2019 y después, con el Pacto Verde Europeo de 2020, marca unos objetivos muy ambiciosos en participación de las renovables, reducción de emisiones y mejoras de eficiencia, con el fin de alcanzar una Unión Europea climáticamente neutra en 2050. La transición energética que esto supone debe conseguirme con la implicación y el compromiso de un consumidor activo y formado.

A continuación, Luis Blanco plantea algunos puntos clave sobre el largo camino recorrido desde 1998 en competencia en comercialización, tales como: 
  • En 2020 el 22% de la energía eléctrica ya no es vendida por ninguna empresa “incumbente”.
  • En 2020, 2,9 Millones de clientes ya no compran la energía a ninguna empresa “incumbente”.
  • El éxito ha sido de todos, de los distintos gobiernos y de todos los agentes.
Respecto a las medidas tendentes a fomentar la competencia en la comercialización de energía, el ponente plantea algunos puntos clave en relación distintos aspectos.
  1. Epígrafe del IAE para la comercialización:
  • Hasta hace un mes las comercializadoras de electricidad y de gas recibían un sinfín de solicitudes de los distintos ayuntamientos, requiriendo el pago del IAE.
  • Provoca que en ciertas zonas no sea rentable la comercialización (1-2 clientes y pago de 300-400€).
  • Desde el año 2021 existe un epígrafe específico nacional para la comercialización de energía.
  • De este modo ya no habrá ventaja fiscal de los grandes para vender en muchos Ayuntamientos.
 
  1. Análisis de la Directiva de Mercado interior 944/2019.
  • La directiva indica que a partir de enero 2021 no podrá haber tarifas reguladas para pymes y gran empresa. Con la normativa actual se incumple este requerimiento.
  • Se propone limitar la tarifa voluntaria para el pequeño consumidor exclusivamente a clientes domésticos, excluyendo empresas.
  • La directiva indica que se deben tomar medidas para eliminar progresivamente las tarifas reguladas existentes (salvo a los consumidores en situación de pobreza energética).
  • Se propone la bajada progresiva del límite de potencia para el acceso a las tarifas reguladas a partir del 31/12/2020, pasando de 10 kW a 5 kW.
  • La directiva indica que si sigue habiendo tarifas reguladas a partir del 31/12/2020 deben tener un precio por encima de coste y que permita la libre competencia. Por ello se debe adaptar la tarifa PVPC a partir del 1/12/2020 al coste real de captación activa.
 
  1. Fomento de la factura digital.
  • La legislación europea avanza a favor de la digitalización, la mejora de la productividad, la sostenibilidad y el medioambiente, la regulación española no es uniforme en su percepción, valoración y tratamiento del uso de la factura digital.
  • En este sentido, la legislación española puede contradecir la normativa de consumidores por dos motivos:
  1. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios obliga a un consentimiento expreso por parte del cliente final.
  2. La normativa europea sobre IVA, interpretada por el Ministerio de Hacienda, señala que el consumidor debe dar su consentimiento informado, pero de manera expresa o tácita.
  • Claramente, la posibilidad de una aceptación tácita simplificaría los trámites y ayudaría a la consecución de los objetivos europeos antes mencionados, además de incorporar algunas ventajas obvias, tales como:
    • Contribuir a la modernización y digitalización de la economía.
    • Beneficios para el medio ambiente y ahorro económico.
    • También disminuye el uso de papel, tinta y combustible en su transporte.
    • Facilita la lucha contra el fraude.
 

Coordinación Académica: Silvia Organista

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