El análisis interno del mercado laboral tras el COVID 19 muestra las siguientes fortalezas y debilidades. 


Son debilidades: 
  

• El modelo productivo dependiente del sector de la construcción y servicios con el COVID 19 tenderá a agravarse con la caída del turismo y del consumo y muestra limitaciones porque no cuenta con un modelo industrial potente y sostenible que pueda amortiguar la caída de actividad del sector servicios (salvo en automoción y componentes) y se vertebra en empresas pequeñas y medianas más vulnerables a la crisis de la economía real.
• El paro estructural preexistente concentrado en colectivos de difícil inserción laboral en jóvenes, trabajadores de más de 55 años e inmigrantes se ampliará con el COVID 19 que traerá un incremento exponencial de este colectivo.
• El paro cíclico y estacional asociado con la reducción del PIB derivada del COVID 19 aumentará con caídas de actividad y ocupación en muchos de los sectores afectados más intensamente por su inclusión en el anexo del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma yque refiere a actividades cuya apertura al público ha quedado suspendida (restaurantes,bares, cines, museos, pabellones de congresos, teatros, campos de fútbol, colegios, universidades, discotecas, salones de juego,etc.) y que, en una segunda fase, tras la reanudación de la actividad empresarial mostrará un ritmo gradual e incierto al estar muy expuestas a la recuperación del consumo y a la posible reducción de los aforos pare prevenir nuevos contagios.
• El paro juvenil con el COVID 19 tenderá a incrementarse con la falta de liquidez de las empresas y consumidores que va a condicionar nuevas contrataciones laborales en los ciclos de entrada en el mercado laboral.
• La alta temporalidad del mercado laboral con el COVID 19 mejorará sus indicadores a costa de la no renovación de los contratos temporales a su vencimiento, pero incrementará la tasa de paro. Los contratos temporales, inicialmente, no están afectados por el compromiso de mantenimiento de empleo sí estarán afectados por la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.
• La rigidez y los costes laborales de nuestro mercado laboral, superiores a los países de nuestro entorno (está valoración no tiene consenso entre los agentes sociales) puede condicionar en una etapa post COVID 19 durante un tiempo prolongado nuevas contrataciones que habrá que estimular con aportación de recursos e incentivos públicos.
• La siniestralidad laboral que con el COVID 19 dispara el número de bajas temporales por situaciones de contagio y aislamiento y habrá que planificar la actualización de las evaluaciones de riesgos laborales con perspectiva sectorial y disponer de medidas preventivas eficaces.
• La desigualdad entre distintos grupos de trabajadores y la brecha salarialque no solo es de género sino también entre temporales e indefinidos y entre nacionales y no nacionales con el COVID 19 tendera a aumentar.
• La alta fiscalidad en el empleo con el COVID 19 tenderá a crear tensiones de liquidez ya que las moratorias y aplazamientos no serán suficientes para evitar el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Habrá que ir un paso más allá.
• La eficacia limitada de los servicios públicos de colocación que tras el COVID 19 puede verse colapsada y sin capacidad de respuesta. 

Son fortalezas:

• El diálogo social para encontrar soluciones al impacto del COVID 19 en el mercado laboral. El Gobierno, los sindicatos y la patronal tienen una gran oportunidad de identificar un diagnóstico común y diseñar una estrategia de reparto de costes de la crisis de empleo del COVID 19 que no deje atrás a nadie y que ponga los pilares de la recuperación.
• La protección social a los desempleados que deberá crecer durante el COVID 19 aún a costa de incrementar, como mal menor, nuestro déficit y deuda en 2020. Sera necesario incrementar su tasa de cobertura para consolidar un nuevo “capitalismo social”. Puede ser una oportunidad para explorar proyectos de renta básica no universal, aunque cuenta con algunos inconvenientes teóricos y prácticos, pero sobre todo será necesario, también, apostar por una reformulación con estímulos económicos de las políticas activas de empleo.
• La digitalización de muchos sectores productivos y empresas y de la propia Administración laboral cada vez más electrónica e, incluso, la dinámica de las plataformas digitales que ha permitido durante el COVID 19 la continuidad laboral a través del teletrabajo y el trabajo a distancia.
• La economía social que debe permitir tras el COVID 19 continuar ofreciendo soluciones empresariales con fórmulas de participación de los trabajadores en el capital menos vulnerables a la crisis.
• La economía verde que tras el COVID 19 debe seguir siendo una oportunidad de generación de nuevos empleos.
• La baja conflictividad laboral que tras el COVID 19 debe continuar por la senda de grandes pactos sociales y de disminución de horas perdidas por huelgas y de prevención de conflictos no laborales y nuevas bolsas de pobreza y delincuencia.