La inversión en las instituciones del trabajo: la garantía laboral universal; los derechos fundamentales del trabajo; la soberanía sobre el tiempo de trabajo; la revitalización de la representación colectiva o el uso adecuado de la tecnología para el trabajo decente.
La inversión en las instituciones del trabajo desde la reglamentación, los contratos de trabajo, los convenios colectivos o los sistemas de la inspección de trabajo requiere partir de una tesis central, a saber: el trabajo no es una mercancía, y los trabajadores son seres humanos, con derechos, necesidades y aspiraciones. Por ello, el informe insiste en la relevancia de tener y hacer respetar unos derechos en la vida laboral como un eje rector determinante y necesario para conseguir una cohesión social que se estima muy importante en el momento actual en gran parte de los Estados miembros de la OIT. Una de las medidas propuestas en el Informe es la implantación y puesta en marcha de una “garantía laboral universal” que facilite un piso de protección social para todos los trabajadores y en todas las formas de empleo incluyendo el trabajo por cuenta propia y asegurando una financiación sostenible y los principios de solidaridad y reparto de riesgos sobre la base de regulaciones que ya existen en algunos Estados aunque pueda estar en fases embrionarias o prototipos (Canadá; Holanda; Finlandia; etc.). Además, se añade la relevancia de velar por su estricto cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores incluidos en los ocho convenios fundamentales de la OIT que incluyen entre otros: los derechos de libertad sindical y negociación colectiva; la prohibición del trabajo forzoso y del infantil; la prohibición de todo tipo de discriminación; un salario vital adecuado; la limitación de tiempos máximos de horas de trabajo y la garantía de la seguridad y salud en el lugar donde se preste la actividad.
También se propone ampliar la soberanía sobre el tiempo, mediante una ordenación del tiempo de trabajo que facilite a los trabajadores más opciones sobre sus horarios y su tiempo de trabajo para conciliar la vida profesional con la vida familiar teniendo en cuenta las necesidades de las empresas de una mayor flexibilidad pero también las necesidades de los trabajadores de garantía de una horas mínimas de trabajo y de unas condiciones de trabajo previsibles y todo ello sin perjuicio de la novedad en varios ordenamientos del reconocimiento del derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera de su horario habitual.
El informe también recoge la necesidad de inversiones en la revitalización de la representación colectiva, adoptándose por los Estados políticas públicas que promuevan los derechos representación colectiva y de la negociación colectiva y el diálogo social como un bien público- En este contexto, también se pone de manifiesto la necesidad de robustecer la legitimidad representativa en los nuevos modelos empresariales a través del uso de la tecnología y de llevar a la mesa de la negociación a otros intereses distintos de los de los empleadores y trabajadores y se destacan, también, los efectos negativos que la concentración del poder económico y el debilitamiento de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva y su impacto en el incremento de la desigualdad. Para que puedan cumplir eficazmente su función, se recomienda que las organizaciones sindicales se adapten a los cambios tecnológicos y a la cambiante composición de la población de trabajadora en la que un número que cada vez más va en aumento no se inserta en los circuitos ordinarios de la actividad productiva, además de establecer y forjar alianzas con otras organizaciones sociales. La revitalización de la negociación colectiva se conecta con la mejora de la política salarial de modo que pueda afectar positivamente a todo tipo de trabajadores, incluyendo especialmente a los que se encuentran en la economía informal.
Por último en este apartado, el informe también se ocupa de la utilización de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial para encauzar y potenciar el trabajo decente y bajo control humano, ya que se manifiesta que el trabajo no es una mercancía y el trabajador no es un robot y que el uso de la tecnología en el futuro del trabajo depende de decisiones fundamentales en relación con el diseño de los puestos de trabajo y con la protección del bienestar del trabajador. El informe aboga porque la tecnología beneficie a todos para evitar que los avances tecnológicos que crearan nuevos puestos de trabajo deje atrás a trabajadores menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades laborales. Asimismo, se apuesta por el establecimiento de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales de trabajo, siguiendo el modelo del Convenio de Trabajo Marítimo de 2006, que establezca y exija que las plataformas (y sus clientes) respeten ciertos derechos y protecciones y evite la precarización de los trabajadores a demanda o la huida generalizada del Derecho del Trabajo de estos modelos de prestación de servicios. El informe recoge también que los avances tecnológicos requieren de la reglamentación del uso de datos y de la responsabilidad sobre el control de los algoritmos en el mundo del trabajo.
La inversión en un modelo de trabajo decente y sostenible: la transformación de las economías y los nuevos modelos empresariales y económicos centrados en las personas.
Por último, el tercer eje central del informe es el de invertir en trabajo decente y sostenible. En este punto se plantea la conveniencia de adoptar incentivos para promover inversiones en las que se califican de áreas clave que promuevan el trabajo decente y sostenible, en línea con las recomendaciones formuladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, haciendo menciones a la igualdad de genero; la economía rural y la agricultura de subsistencia; la economía verde y las energías renovables; la economía del cuidado y en general las infraestructuras físicas, digitales y sociales y, en particular, de servicios públicos de alta calidad de transporte, viviendas, saneamiento y/o atención sanitaria.
Además, se trata de reorientar los incentivos hacia un modelo empresarial y económico, centrado en las personas, pidiendo un cambio en la gobernanza y las conductas empresariales que pasa por una mayor transparencia y rendición de cuentas de sus actividades ampliando la representación de las partes interesadas y con incentivos para el éxito de las empresas a largo plazo. El informe también recoge su preocupación por la concentración de poder en manos de las empresas tecnológicas actuales señalando la conveniencia de que los modelos empresariales altamente digitalizados paguen efectivamente la cuota de impuestos que les corresponde. Además, se apuesta por superar el indicador del PIB para evaluar los impactos de las políticas públicas por su carácter restrictivo al medir únicamente el valor monetario de los bienes y servicios producidos por las personas y las unidades económicas incluido el gasto público y apostar también por indicadores suplementarios de desarrollo humano y bienestar incluyendo el valor del trabajo no remunerado para incluir nuevos indicadores para medir las dimensiones distributivas del crecimiento económico en los países.
Finalmente, el propio informe de la OIT recoge las responsabilidades de la OIT y de los propios Estados Miembros en el diseño del futuro del trabajo justo y equitativo y en su contribución para adoptar medidas urgentes que permitan formular un nuevo contrato social en cada país que asegure a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen y nuevas estrategias nacionales en los distintos Estados Miembros que aumenten la inversión en los tres ejes temáticos ya desarrollados: capacidades de las personas; instituciones del trabajo; y trabajo decente y sostenible y se avance, también, en la necesidad de redefinir los nuevos retos del sistema multilateral. Esperemos a los debates y a la posible aprobación de una Declaración de la OIT que sobre el futuro del trabajo se pueda alcanzar, fruto del dialogo social entre los Estados y representantes de empleadores y trabajadores, en la Conferencia tripartita de junio de 2019 con motivo del centenario de esta relevante institucional internacional-
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
