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La nueva Agenda laboral 2020 del Gobierno de coalición PSOE-UP: ¿Jaque mate a la reforma laboral de 2012? Tercera parte

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La nueva Agenda laboral 2020 del Gobierno de coalición PSOE-UP: ¿Jaque mate a la reforma laboral de 2012? Tercera parte

¿Nuevas políticas públicas con impacto en el empleo?

Con independencia de las medidas laborales descritas e incorporadas en el acuerdo de 30 de diciembre de 2019 entre PSOE e IU hay que tener en cuenta la situación de partida y algunas  ineficiencias de nuestro mercado laboral. El nuevo año 2020 arranca con una cifra record de 19,4 millones de afiliados a la Seguridad Social (la mayor base de cotización de toda la historia) pero, sin embargo, ha descendido el nivel de crecimiento de empleos en 2019 es de sólo 384.400 (la cifra más baja desde 2013); ha bajado también el nivel de contratación indefinida en 2019 (con un descenso del 5,5% respecto a 2018) y, a la inversa, se ha incrementado el gasto en desempleo en 2019 (con 1,9 millones de personas con prestaciones) con una caída del paro en 2019 muy moderada y todavía un volumen de desempleados superior a 3,1 millones de personas. 

En este contexto, hay otros elementos del mercado laboral al margen de la norma laboral que requieren atención por parte del Gobierno para corregir disfunciones y anomalías y pueden ser objeto de reformas en los próximos meses, a saber: 

  • Políticas activas de empleo y servicios públicos de colocación y de formación continua y garantía de empleabilidad.

Con una tasa de paro todavía del 14% y con una desaceleración económica notoria en los últimos trimestres siguen persistiendo dos notas cíclicas en el mercado laboral en España que son auténticos muros y cuellos de botella, más evidentes en unas provincias que en otras, en el crecimiento económico y de empleos: (i) una insuficiencia en el número de empleos generados (atonía laboral) y una falta de sincronización entre oferta y demanda; y (ii) un paro estructural concentrado en jóvenes y trabajadores de 50 o más años. 

Las experiencias pioneras en Francia de coordinación entre servicios públicos y privados y en Reino Unido y Estados Unidos de plataformas digitales con uso de inteligencia artificial y planes de empleo individualizados con dialogo digital entre orientadores y demandantes de empleo para dinamizar oferta y demanda; identificar las necesidades reales del mercado laboral; superar  los obstáculos en la contratación; garantizar la formación continua y la empleabilidad y, especialmente, guiar la toma de decisiones en la asignación de recursos públicos para proyectos de tutorización y reciclaje son iniciativas que convendría explorar.

  • Políticas públicas de fiscalidad de empleo y apoyo a PYMES y emprendedores y economía social. 

En un tejido empresarial como el español con un sesgo muy definido de concentración de pequeñas y medianas empresas y gran protagonismo de autónomos, urge considerar que algunas medidas laborales pueden tener un impacto en el empleo por su componente fiscal.  Se deberían explorar medidas para facilitar la obtención de créditos para las PYME sin necesidad de aportación de activos físicos con medidas de racionalización fiscal para emprendedores. 

  • Políticas públicas de apoyo a la digitalización, la transición ecológica y la economía del cuidado.

Finalmente, los principales nichos de creación de empleos de calidad están en los sectores de tecnología digital, economía verde y empleos relacionados con el cuidado de dependientes por el peso del envejecimiento en la población española por lo que deberían explorarse fondos públicos y público-privados para crear una fiscalidad digital y una fiscalidad verde y promover cambios profundos en las estructuras educativas que alcancen a la Universidad y a la formación profesional que reduzcan las brechas de igualdad en territorios, sectores, edad y género y que orienten la transición del mercado laboral hacia las nuevas oportunidades laborales. No obstante, parece que la dirección del Gobierno de coalición va en la otra dirección con el anuncio de la creación de la tasa Google (para las empresas digitales) y la tasa Tobin (para las transacciones financieras) lo que puede tener impacto negativo en inversores y el empleo.   

En resumen, se abre una etapa de mucho trabajo y actividad para el Gobierno, pero también para las empresas y los sindicatos con mayor intervención pública y sindical en las relaciones laborales y esperemos que los cambios y medidas anunciadas se acompañen también con otras políticas audaces que rebajen la desigualdad y generen empleos de calidad para reducir la polarización de empleos y, especialmente, no alteren la confianza de inversores y empresas que es la base del crecimiento económico y la prosperidad sin perjuicio de las medidas de redistribución que se puedan adoptar para tener un mercado laboral más eficaz pero también más inclusivo.

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Sobre el autor

Carlos de la Torre García

Carlos de la Torre García

Abogado Of Counsel del Departamento Laboral de Baker&Mckenzie. Especialista en asesoramiento laboral y de Seguridad Social de clientes nacionales e internacionales.

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